Las autoridades electas del Azuay recibieron esta mañana del Consejo Nacional Electoral (CNE) las credenciales que certifican su triunfo en las elecciones seccionales del 24 de marzo pasado.

También se entregó el documento que avala los resultados de la Consulta Popular realizada en el cantón Girón sobre el proyecto minero Loma Larga  o Quimsacocha. 

El nuevo prefecto, Yaku Pérez Guartambel, anunció que apenas entre en funciones planteará a la Cámara Provincial la realización de una Consulta Popular para que los azuayos decidan si quieren o no proyectos de minería metálica cerca de las fuentes hídricas. 

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Mientras que Pedro Palacios, nuevo alcalde de Cuenca, recordó que durante la campaña electoral tuvo discrepancias con las autoridades de la Delegación Provincial del CNE pero que eso no empañó el proceso electoral.

Antes del evento, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, se refirió a las denuncias planteadas sobre un supuesto fraude en diferentes provincias. Dijo que no tienen sustento alguno y que en determinados casos se han quedado en temas de redes sociales.

Calificó al proceso electoral como “exitoso” y se justificó al decir que todo se organizó “en un tiempo record” de tres meses, con la participación de más de 80.000 candidatos y con un presupuesto de $ 130 millones. “Ha sido el proceso con menos inconsistencias, con apenas el 7%”, aseveró.

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Quejas de Salitre y Los Ríos

Sobre los problemas en Salitre comentó que el CNE está levantando informes y “en caso de ser necesario se pondrá en conocimiento de la Fiscalía”. Acerca de la denuncia interpuesta por Galo Lara, excandidato a la Prefectura de Los Ríos, Atamaint dijo que “es uno de los perdedores que no acepta los resultados” y aunque en un proceso electoral “siempre hay inconsistencias”, hay que seguir el proceso. De ahí que mientras no exista una resolución de la autoridad no le van a prestar atención.

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Sobre las posibles reformas al Código de la Democracia, la consejera Esthela Acero apoya que para las próximas elecciones se modifique el método de asignación de escaños y que las sanciones al exceso de gasto electoral y campaña anticipada sean eficaces. Además, planteó que toda autoridad que busque reelección o un nuevo cargo renuncie con tres meses de anticipación, pues a su criterio no es lo mismo hacer campaña con recursos del Estado porque se está en ventaja sobre otros ciudadanos de a pie. (I)