El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de transición aprobó cuatro informes de investigación en los que detectó presuntas irregularidades en obras públicas construidas durante el gobierno anterior, y por las que planteará denuncias en la Fiscalía General. 

Los proyectos investigados fueron la construcción del Poliducto Pascuales-Cuenca; las Escuelas del Milenio, la construcción de Hospitales Públicos, y el proyecto Toachi-Pilatón. 

En el caso de la construcción de las Escuelas del Milenio se observó el incremento de costos en obras de entre el 7 y 102 por ciento, por los que planteará a la Fiscalía que investigue al expresidente Rafael Correa por el delito de "crimen organizado". 

Se alega que el exmandatario permitió la suscripción de decretos de emergencia para el sector educativo no justificados, que "permitieron la construcción de las escuelas con desviación de fondos a través de contrataciones millonarias, con incrementos de costos entre el 7,82 % y 102,53 %". 

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Adjunto a esta observación, pedirán se investigue al excontralor del Estado Carlos Pólit (prófugo de la justicia por el caso Odebrecht) porque no habría hecho auditorías a procesos de construcción, sino sobre asuntos administrativos. 

En la investigación de la construcción de hospitales públicos se planteará otra denuncia para que se investigue a Correa por el delito de "delincuencia organizada" por suscribir el Decreto Ejecutivo 838, con el cual se habría permitido "contrataciones directas irregulares y contratos complementarios de hasta 30 % de su valor". 

Además, que se investigue a otros exfuncionarios por el delito de presunto peculado: las exministras de Salud Caroline Chang y Carolina Vance; la exministra de la Política Doris Solís; el exsecretario de Planificación Fander Falconí; y los exdirectores del Instituto de Seguridad Social (IESS) Richard Espinosa, Geovanna León y Camilo Torres, entre otros. 

Se ejemplifica que en obras como el hospital Monte Sinaí, el costo inicial fluctuó en 75'364. 388 dólares, y el costo final fue de $ 130 millones; al igual que el hospital Guasmo Sur, tenía un costo inicial de $ 85'444. 388 que terminó en 130 millones de dólares

El hospital Estándar de Esmeraldas tenía un valor de $ 46'070.730 y terminó costando $ 100 millones; y el hospital de Especialidades de Portoviejo, de $ 89'183. 178 tuvo un costo final de 16 millones de dólares.

Se consideró que habría alteración del presupuesto, cambios en partidas presupuestarias sin justificativo, y generación de nuevas, desviación del propósito técnico e inobservancia a disposiciones legales. 

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Esto se habría dado a través de "constitución y manejo presuntamente ilícito de fideicomisos del IESS con perjuicio a los afiliados". 

Por la edificación del poliducto Pascuales-Cuenca, el CPCCS presentará su informe para ser parte procesal por el presunto delito de peculado que ya se investiga en la Fiscalía de Pichincha. Ahí se plantea que se lo vincule al exvicepresidente de la República Jorge Glas y otros exfuncionarios como el exdirectivo de Petroecuador, Marco Calvopiña. 

Tanto Glas como Calvopiña guardan prisión por su participación dentro del caso Odebrecht. 

Otro informe aprobado fue una investigación realizada a la construcción del proyecto Toachi-Pilatón, en la que se detectó que ha ocasionado un "lucro cesante de $ 3'6 millones". 

Se recuerda que el proyecto lleva en construcción 26 años y no ha concluido. 

Se recoge que el expresidente Correa, como ministro de Finanzas, habría cometido el delito de tráfico de influencias; y como mandatario "permitió la terminación irregular de contratos afectando a los fondos públicos", por lo que plantean una investigación por delitos como peculado, delincuencia organizada y asociación ilícita.

A Glas se lo señala por la presunción de cómplice de peculado como ministro de Sectores Estratégicos, junto a otros funcionarios como el saliente prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, el exsecretario jurídico de Carondelet, Alexis Mera, entre otros. 

El CPCCS presentará la denuncia en la Fiscalía para que se indaguen presuntos delitos como peculado, enriquecimiento ilícito; y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) se solicitará que se indaguen los patrimonios de los exprefectos de Pichincha desde 1993 hasta la actualidad. (I)