Corte Constitucional archiva causa, consulta popular minera en Azuay sí se realizará

La Corte Constitucional (CC) resolvió archivar la causa en la que debía pronunciarse sobre la constitucionalidad de la consulta popular para permitir la explotación minera en Quimsacocha, ubicada en el cantón Girón, de Azuay.

La CC a través de un comunicado señaló que "después de analizar y deliberar resolvió archivar la causa (...) ya que perdió competencia".

Alega que los pedidos de consulta popular para evitar, y a la vez, permitir la explotación minera, presentados por los colectivos Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del cantón Girón, y de 'Unidos por el desarrollo de los cantones Girón y San Fernando' se presentaron en mayo de 2012 y septiembre del 2015, y los anteriores jueces no resolvieron sobre ellas, por lo que en la actualidad "perdió competencia para el efecto".

"Por tanto, esta decisión no implica un pronunciamiento sobre el fondo, y el proceso electoral continúa de acuerdo con la convocatoria", señaló la Corte en su misiva.

En tanto, mañana martes a las 16:00 se instalará la audiencia de revocatoria de medidas cautelares existente sobre el proceso de consulta popular que dictó el juez de la Unidad Judicial de Medidas de Protección y Desestimaciones de Quito, Vicente Ribadeneira, el 13 de marzo pasado.

El magistrado aceptó una acción de protección y pedido de medidas cautelares solicitado por el colectivo Unidos por el Desarrollo de Girón y San Fernando con la que ordenó suspender la consulta popular convocada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para este 24 de marzo, en la que pobladores de esta localidad elegirán si permiten o no la explotación minera a través de la pregunta: "¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico Kimsacocha (Quimsacocha)? Sí-No".

Tras la decisión judicial, el Consejo Electoral planteó una acción de revocatoria a las medidas cautelares y a su vez solicitó al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resuelva la aplicación del artículo 16 y 285, numeral tres del Código de la Democracia, para sancionar con la destitución (al juez) del cargo y suspensión de los derechos políticos o de participación por el periodo de un año, a "la autoridad o cualquier otro servidor público extraños a la organización electoral, que interfieran en el funcionamiento de la Función Electoral".

Diligencia judicial

Este lunes, el mismo juez Ribadeneira convocó a la diligencia para tratar la revocatoria de la medida cautelar, pero decidió diferirla porque se registró la existencia de varios recursos de Amicus Curiae (amigos de la Corte) apoyando la suspensión del plebiscito. Entre ellos, el Ministerio de Minería, la Cámara de Minería, la empresa minera INV Metals, que está trabajando en el proyecto Loma Larga (Quimsacocha), y hasta la Procuraduría General del Estado.

Incluso, la Procuraduría planteó que se mantenga la acción cautelar hasta que la CC emita su dictamen sobre la convocatoria a esta consulta popular, aunque esta ya informó que no se pronunciará sobre ello.

Ribadeneira argumentó que el CNE debe conocer el contenido de estos recursos para evitar afectar derechos de los involucrados.

CNE ratifica consulta

La presidenta del CNE, Diana Atamaint asistió a esta audiencia, y a su salida expresó que la consulta en Quimsacocha "va porque el juez de última instancia se ha pronunciado", refiriéndose al TCE, que fue el último organismo en avalar este proceso electoral.

"El 24 de marzo, el cantón Girón tendrá que ir a las urnas para pronunciarse a favor o en contra de la minería. No se postergan las elecciones del 24 de marzo, son inamovibles. No está suspendida, el proceso sigue, los kits electorales están en el territorio y convocamos a la gente a que acuda a las urnas, que debe pronunciarse a favor o en contra de la minería", afirmó Atamaint.

En tanto, decenas de ciudadanos del gremio minero azuayo se concentraron en las afueras de la Unidad Judicial para expresar su rechazo a la consulta popular. "¡Carajo, carajo, nos tienen cansados, nuestros derechos han sido pisoteados", gritaban ciudadanos portando también cartelones asegurando que el "Ecuador necesita minería industrial legal". (I)