Para gremios empresariales incumplir con la medida judicial de suspender la Consulta Popular sobre minería en Girón, Azuay, "violentaría el debido proceso" y atentaría contra los derechos de comunidades que se benefician de esa actividad.

El juez de la Unidad Judicial de Quito, Vicente Ribadeneira, dispuso al Consejo Nacional Electoral (CNE) que la suspenda tras acoger una acción de protección interpuesta por un colectivo prominero Unidos por el Desarrollo de los cantones Girón y San Fernando. Sin embargo, el organismo electoral ratificó que la Consulta Popular se realizará este domingo 24 de marzo. Además pidieron que Ribadeneira sea destituido.

En Girón se asienta el proyecto Loma Larga de la empresa canadiense INV Metals. Según cámaras de la producción se ha invertido más de $50 millones y proyecta entregar al Estado $554 millones en impuestos, incluidas regalías, impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado. Además generar 1.000 empleos en su etapa de construcción y 450 empleos directos durante la operación de la minera.

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"La seguridad jurídica debe ser garantizada para propiciar la generación de nuevos negocios y el desarrollo de los existentes", señaló Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE). (I)