El Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió pedir al juez Vicente Ribadeneira, de la Unidad Judicial de Quito, que revoque las medidas cautelares que dictó este miércoles para impedir que se realice la consulta popular para decidir si la población de Girón (Azuay) quiere o no permitir la explotación minera en Quimsacocha.

Con ello, el organismo evitó destituir al magistrado por interferir en un proceso electoral, como lo establece el artículo 16 del Código de la Democracia.

El pleno aprobó el miércoles una resolución para solicitar al juez que revoque su dictamen, y a la vez, remitió el expediente al Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

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La presidenta del CNE Diana Atamaint justificó que están "en medio" de las dos decisiones jurisdiccionales, tanto del TCE, como del juez de la justicia ordinaria.

El magistrado aceptó una acción de protección planteada por el colectivo prominero Unidos por el Desarrollo de los cantones Girón y San Fernando, en contra del CNE, que aceptó en enero pasado realizar la consulta popular con la pregunta: "¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico Kimsacocha (Quimsacocha)? Sí-No".

En la sentencia del juez se argumentó: "se ha verificado la existencia de un riesgo inminente de violación a la seguridad jurídica del colectivo", por lo que tramitó la acción de protección y dictó medidas cautelares, suspendiendo la consulta prevista a realizarse este domingo 24, junto a la elección de las autoridades locales y de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC).

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En el pleno del miércoles, Atamaint propuso que se remita esta sentencia al TCE para que ellos se pronuncien.

Sin embargo, el vocal Luis Verdesoto le recordó que el CNE es el que debe tomar una decisión, y planteó que se solicite al juez Ribadeneira que revise su decisión. Pidió a sus colegas que no se "renuncie" a su potestad de aplicar el artículo 16 del Código de la Democracia, por decisiones razonadas que ellos hayan tomado.

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La consejera Esthela Acero afirmó que en "época electoral son ellos (el CNE) la primera autoridad y deben hacer valer lo que este cuerpo colegiado razonó" para dar paso a la consulta popular.

El vicepresidente Enrique Pita comentó que el Consejo acató la decisión del TCE cuando declaró válida la consulta popular, y ahora no corresponde ir a decir "'papá TCE mira lo que me están haciendo porque estoy tomando decisiones respecto de algo que tu ordenaste'. Nos corresponde asumir responsabilidades".

A su criterio, el juez de la Unidad Judicial debe revisar su decisión, y luego de ello el CNE debe decidir si se lo destituye por interferir en el proceso electoral.

El consejero José Cabrera consultó si mientras el magistrado les responde, ellos deben continuar con el proceso. El comentario general entre los vocales fue que sí. (I)

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