Un nuevo informe con indicios de responsabilidad penal (IRP) fue enviado el viernes pasado por la Contraloría a la Fiscalía. Esta vez, como resultado del examen especial que se realizó al uso de los aviones y vuelos presidenciales entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017.

El IRP señala que el expresidente Rafael Correa no objetó ni hizo observaciones a varias de irregularidades.

En las conclusiones del informe de la Contraloría se señalan varios viajes del Legacy y del Falcon 7X, adquiridos por Correa, con destino en paraísos fiscales, como Panamá, Barbados, Trinidad y Tobago, Guyana, Granada, Antigua y Barbuda, Bahamas, Cabo Verde, Belice, Dominica, Emiratos Árabes Unidos y Luxemburgo.

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Los auditores desconocen si estos viajes fueron oficiales o no, y sostienen que en muchos casos no existen documentos de respaldo sobre el peso y la carga.

También se identificaron irregularidades en la cantidad de pasajeros que usaron las naves presidenciales.

Según la Contraloría, en el periodo de análisis, hubo 214 desplazamientos al exterior, de ellos el 29,44% corresponde a traslados del exmandatario; el 16,82% a los del vicepresidente; el 33,64% a los del Canciller; el 12,62% a los de ministros de Estado y el 7,48% a los de otras autoridades.

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Una vez que el informe con indicios de responsabilidad penal llega a la Fiscalía, este organismo puede abrir una investigación previa para determinar si existen o no méritos para formular cargos. (I)