Liberación de expolicía sentenciado por tráfico de tortugas en Galápagos es frustrante e inexplicable, dice Gustavo Manrique, ministro del Ambiente

El pasado 30 de noviembre el expolicía Nixon Alejandro P. D., sentenciado a tres años de prisión por intentar traficar 185 tortugas en las islas Galápagos, fue liberado. Un tribunal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas adujo que su futuro en las cárceles del país era “incierto” debido a las revueltas que se han dado y por eso aceptó el recurso de apelación. Esto quedó registrado en un acta a la que tuvo acceso EL UNIVERSO.

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Esta situación es “frustrante e inexplicable” para Gustavo Manrique, ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador. Añade que este tipo de sentencia no va en relación con el trabajo que ha realizado la cartera de Estado. Este año, según el funcionario, se han rescatado más de 2.800 especímenes y liberado 2.200.

Aunque las estadísticas que maneja la Unidad Nacional de Policía de Protección del Medioambiente de Ecuador son más impactantes. Según este ente, solo hasta julio del 2021 se rescataron 3.812 animales silvestres.

“Eso es frustrante (la liberación de Nixon Alejandro P. D.). Es importante que la ciudadanía entienda que cada institución tiene su rol. Nosotros no somos la institución llamada a ponerles esposas y llevarlos a la cárcel. Hemos estado detrás de ese caso, denunciamos, pero para mí es inexplicable que haya una sentencia que lo declare culpable, pero que lo deje libre porque no hay forma de garantizar su vida en las cárceles”, dice Manrique en entrevista con este diario.

Además, señala que no hay proporcionalidad en las sentencias que se emiten para delitos ambientales en el país. En el caso de tráfico de tortugas se obligó a pagar al expolicía $ 639.100 como reparación integral en 28 cuotas sin importar que haya quedado en libertad.

“Pero en el tema de los más de 6.000 tiburones, decomisados en un barco chino, se puso una sanción de $ 3.000, no hay proporcionalidad, se mueven en los dos extremos”, cuestiona Manrique.

La defensa del expolicía, que estaba activo cuando cometió el delito, apeló a la figura legal de la suspensión condicional de la pena para obtener su libertad. En la mayoría de casos en que existen personas procesadas por delitos ambientales, los implicados acuden a dos figuras que se encuentran en el Código Integral Penal para salir de la cárcel: medidas sustitutivas y la suspensión condicional de la pena.

“Esto casi que se convierte en un aliciente para el tráfico. Una vez que se detecta el delito también se encuentra la forma de perdonarlo. ¿Cómo pagará el expolicía?, ¿se intentará pagar o se dirá que es tanta plata que no se puede pagar?”, señaló Martín Bustamante, director del Quito Zoo, en una nota anterior publicada por este Diario.

La organización Wildlife Conservation Society (WCS) Ecuador ha realizado capacitaciones a jueces y fiscales para tratar, entre otros temas, la mala utilización de las figuras legales que permiten salir de la cárcel a los traficantes.

Colectivos ambientales también han expresado su malestar por la mala utilización de estas figuras y piden una reforma a la ley penal. Además, piden diferenciar los castigos para una persona que vendió un loro y otra que traficó cientos de aletas de tiburón, por ejemplo.

Manrique afirma estar de acuerdo con esta diferenciación. También considera un gran paso la creación de una unidad dedicada a los Delitos Ambientales dentro de la Fiscalía.

Otro de los temas que se debe profundizar, dice el ministro, es la educación ambiental a la población: “Lo importante es que entendamos que cada institución debe de cumplir su rol (Ambiente, Fiscalía y Justicia), pero también debemos tener una población que entienda el impacto del tráfico de animales silvestres y que estas especies deben estar libres”.

El 28 de marzo pasado, Nixon Alejandro P. D. trató de enviar en una maleta a los quelonios bebés embalados en plástico desde el aeropuerto de Baltra hacia Guayaquil. Más de 30 tortugas murieron. El expolicía solo estuvo algo más de ocho meses en prisión.

Tener, transportar o traficar especies de flora y fauna silvestre terrestres o marinas es un delito contra la flora y fauna silvestre. Según el Código Orgánico Integral Penal, la persona que cometa este delito será sancionada con prisión de uno a tres años. (I)