El plan de gobierno del presidente electo Guillermo Lasso “es bastante general, se concentra en el qué pero no indica el cómo, y contiene algunas metas muy ambiciosas que serán difíciles de cumplir en el contexto económico actual”, afirma Luis Suárez, director ejecutivo de Conservación Internacional en Ecuador.

A lo escrito en el plan se suma el compromiso público con el colectivo Frente al Ambiente, del 1 de abril pasado, que incluye una amplia agenda. “El cumplimiento de su palabra es, en sí mismo, un gran reto, pues se necesita recuperar la confianza de la ciudadanía en la palabra de los políticos”, asegura. En este sentido, añade: “Es importante que Lasso defina una hoja de ruta para el cumplimiento”.

Luis Suárez, director ejecutivo de Conservación Internacional en Ecuador. Foto: CORTESÍA

Suárez enlista 14 prioridades, que son:

  • El fortalecimiento político, técnico, presupuestario y operativo del Ministerio del Ambiente y Agua. Con una autoridad ambiental fuerte, eficiente y estable ganamos todos.
  • Fortalecer y ampliar el Programa Nacional de Incentivos para la Conservación (Socio Bosque), que brinda incentivos directos a propietarios colectivos e individuales de bosques, páramos, manglares y otros ecosistemas nativos para reducir las emisiones, conservar la biodiversidad y generar emprendimientos en zonas rurales.
  • Fortalecer la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), mediante un manejo desconcentrado, con enfoque de paisajes, financieramente sostenible y con una gobernanza participativa que impulse el manejo efectivo de nuestro patrimonio natural.
  • La recuperación de la institucionalidad ambiental en la Costa, mediante la creación de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera y el fortalecimiento del Comité Interinstitucional del Mar, que impulsen el manejo costero integrado con los GAD costeros y la planificación espacial marina.
  • La lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, a fin de sancionar de manera ejemplar los delitos ambientales, tales como la tala y la caza, así como la contaminación, mediante un trabajo coordinado con la Policía, la Armada, la Fiscalía y la Función Judicial.
  • Brindar atención prioritaria a los pueblos y nacionalidades indígenas para la gestión integral de sus territorios, respetando sus derechos y autonomía, valorando sus conocimientos tradicionales y promoviendo alternativas económicas basadas en la naturaleza.
  • Promover la reforma del artículo 74 de la Constitución, a fin de desarrollar un mercado voluntario de carbono que permita reducir y compensar la huella (alcanzar la carbono-neutralidad) y financiar la conservación de bosques y otros ecosistemas nativos mediante incentivos económicos directos para los propietarios individuales o colectivos.
  • Fortalecer el control y la auditoría ambiental a las obras de infraestructura y las actividades mineras, petroleras, forestales y pesqueras, aplicando la jerarquía de la mitigación para prevenir, reducir, mitigar y compensar los impactos sociales y ambientales.
  • El respeto estricto a la zona intangible y a los pueblos no contactados en el Yasuní, así como el monitoreo y la auditoría socio-ambiental independiente de las operaciones petroleras.
  • Ampliar la protección de la biodiversidad marina de Galápagos mediante la creación de una nueva área protegida de uso múltiple, con zonas de protección estricta y zonas para actividades turísticas y pesqueras reguladas, que fortalezca la conectividad ecológica con otras áreas protegidas del Pacífico Tropical Oriental.
  • Combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y la captura de especies amenazadas por parte de flotas nacionales y extranjeras en el mar territorial y en la zona económica exclusiva, mediante acciones coordinadas entre las autoridades ambientales, pesqueras y marítimas.
  • Promover la seguridad hídrica en todo el país, que incluya el acceso a agua segura, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, manejo integral de recursos hídricos para actividades productivas y la prevención de desastres.
  • Derogar las normas que permiten la “captura incidental” de tiburones y mantarayas, así como el transporte, comercialización y exportación de aletas de tiburón, incrementando las medidas de control y sanción a la pesca de estas especies.
  • Impulsar la educación ambiental, la economía circular, la movilidad eléctrica, la producción agrícola libre de deforestación y los emprendimientos basados en la biodiversidad, mediante un trabajo coordinado e intersectorial.

Lo primero, indica Suárez, es designar una autoridad ambiental que tenga la capacidad y el compromiso de liderar, durante los próximos cuatro años, el fortalecimiento del MAAE. “Esperemos que los ministros duren cuatro años en sus funciones y que el presidente elimine la mala práctica de la oxigenación del Gabinete, que tanto daño le ha hecho al país, al restarle continuidad y estabilidad a la gestión pública”.

Publicidad

“Hay que tener más capacidad de control y de sanción”, dice la exministra del Ambiente María de Lourdes Luque

María de Lourdes Luque, exministra del Medio Ambiente. Foto: ARCHIVO

Hay tres elementos que han delineado la estrategia ambiental del presidente electo Guillermo Lasso durante la campaña. El primero es lo contenido en el plan de gobierno. El segundo es la propuesta de economía verde añadida en la segunda vuelta. Y el tercero es el compromiso que firmó con los ambientalistas en Quito, en el que hay compromisos más concretos, dice María de Lourdes Luque, exministra del Ambiente.

Esta hoja de ruta, afirma Luque, requiere de institucionalidad ambiental. “Este es el principal problema que tenemos. Cuando ves que la flota china llega y pesca en las puertas de las islas Galápagos, no se puede hacer nada por esta falencia”.

Los ríos contaminados con desechos mineros y el plástico flotando en los cuerpos de agua son algunos de los efectos de la falta de control, que el nuevo régimen tendrá que remediar, indica. “Cuando ciertos ambientalistas dicen que hay que ampliar la Reserva Marina de Galápagos, me pregunto cómo la vas a cuidar si no se puede proteger lo que ya tenemos”.

Una alternativa, que sí está incluida en el plan de gobierno de Lasso, es la creación de alianzas con la sociedad civil para controlar mejor el medioambiente. “Hay que fortalecer la capacidad de control y de sanción. Junto a esto tiene que exigirse la más alta capacidad de innovación y de tecnología posible para la explotación de los recursos naturales, se tiene que exigir que Ecuador no sea el basurero de la tecnología petrolera y minera”, agrega la especialista.

Hay que dar garantías a la población, dice Luque, de que la explotación no generará un deterioro de la calidad de vida de los que residen cerca de los yacimientos y sí un reparto sensato de utilidades. “Hay que garantizar que las cosas no se harán como antes. El problema de la minería es porque tenemos en la cabeza la imagen de que el petróleo ha servido para enriquecer a un puñado de vivos que dejan contaminando”.

El uso de tecnología en el control es fundamental. “Sí hay maneras, lo que falta es decisión política”. Luque asegura que el plan debe ir acompañado de educación ambiental y de comunicación para denunciar los delitos ambientales de forma directa.

Publicidad

“Deforestación cero debe ser la finalidad en los próximos años”, dice Tarsicio Granizo, director de WWF en Ecuador

Tarsicio Granizo, director del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) en Ecuador. Foto: ARCHIVO

La pérdida de bosques, mencionada como una problemática en el plan Ecuador Verde del presidente electo, Guillermo Lasso, es uno de los dos mayores desafíos que enfrentará el nuevo régimen, dice Tarsicio Granizo, director del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) en Ecuador. El otro problema grave, añade, es el efecto del cambio climático. “Este exige medidas puntuales en la arena global para tener posiciones regionales”.

El objetivo debe ser cero deforestación en los próximos años, indica. “No hay datos certeros, pero se estima que el país pierde entre 40.000 y 80.000 hectáreas de bosque cada año. En el escenario más conservador son 40.000 canchas de fútbol. Me preocupa que, debido a la situación económica del país, haya propuestas de implementar la agricultura a gran escala sin mencionar sobre la necesidad de no aumentar la frontera agropecuaria”, afirma Granizo.

La hoja de ruta de lo planteado debe darse, según el especialista, con un programa de gobierno que esté enfocado en la sostenibilidad en lo ambiental, social y económico y que sea una política de Estado.

El plan de Lasso incluye la reorganización de las pesquerías en el archipiélago de Galápagos, dice Granizo, pero aquello debe hacerse también “en todo el mar territorial”, al igual que impulsar la investigación.

“Parte del problema es que no conocemos nuestra biodiversidad. Uno de los temas claves para la economía del país es empezar a buscar respuestas en lo que se llama la bioeconomía, pero para eso se necesita investigación”, agrega Granizo. En Ecuador solo se conoce el 5% de la biodiversidad nacional, agrega.

Lasso plantea una transición para producir de forma más sostenible. Esto requerirá, dice Granizo, mejorar la producción por hectárea sin tener la necesidad de ampliar la frontera agropecuaria. “La hectárea de palma africana en Colombia, pasando el río, produce más del 50% de lo que se produce en la misma área en Ecuador; eso hay que arreglarlo con investigación, trayendo experiencias de afuera si es necesario, cómo mejorar la productividad sin abrir nuevos frentes”, asegura Granizo. (I)