Hay dos revoluciones técnicas o apolíticas que habremos de hacer, y son principales: una revolucionará la educación universitaria y otra la seguridad social. Hay que revolucionarlo todo, pero la reforma política será muy difícil en el pantano político en que estamos inmersos: Esta requiere una Asamblea Nacional Constituyente, que demanda el concurso de mucha gente, inteligencia, coraje e imaginación. En cambio, esos dos objetivos pueden y deben lograrse independientemente de la ideología política de cada uno de los gobiernos.

Hablemos primero de la Universidad y con tal fin tengo a la vista el Informe del Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup), que cito e interpreto. La Universidad se ha empobrecido por su multiplicación: “Al momento hay 63 universidades y escuelas politécnicas y 312 institutos superiores tecnológicos en el Ecuador”. La universidad estatal, por ejemplo, fue destruida por las universidades particulares en la medida en que estas repitieron las mismas profesiones; y la privaron de sus mejores profesores, ofreciéndoles mejores remuneraciones (Por eso obtuve la clausura de una de las primeras). La regla debió y debe ser: Solo puede crearse otra universidad si ofrece profesiones o conocimientos distintos de los ya enseñados por la Universidad oficial, o en la medida en que esta no alcance a prestarlos. Oyendo al Ministro de Agricultura, coincido en que el país debe dejar de sembrar lo que no puede vender; pensamiento que aplicado al colegio y a la universidad significa que la enseñanza debe cumplir otra regla: estar al servicio de los proyectos de desarrollo del país. Por eso, debemos clausurar por varios años las facultades de Derecho y Filosofía y Periodismo.

Reproduzco un cuadro del Conesup que explica nuestro vagar a la deriva: Únicamente el 15,47% de los estudiantes está matriculado en el área de ingeniería y tecnología, y el 21,82% en ciencias de la salud, naturales y agropecuarias, representando un total de 37,29% (áreas motoras) que incuestionablemente realizará un aporte útil a la nación; pero la mayoría: el 61,23%, ha optado por carreras relacionadas con educación, humanidades, ciencias sociales y administrativas, cuyo mérito no discuto, pero que, en general, no serán rentables ni para el país ni para sus profesionales (Guayaquil no debe tener más de dos mil abogados y tiene cuarenta mil). Respecto de la salud, recuerdo que hace varios años se descubrió que existía ya un exceso de médicos, que fue la causa principal de su éxodo, distinto de la emigración resultante de la quiebra del país. Parece un error que en el 21,82% citado se haya incluido a los estudiantes de “ciencias exactas”, que en principio debieran estar incorporados al 15,45% de tecnólogos. Según el informe, esta situación resulta no solo de la disposición de los estudiantes sino de una trampa externa que los induce a errar: Los institutos superiores dedican el 75,37% al área que, en anteriores términos, recoge el 61,23%, es decir al área inerte, y tiene un exceso de capacidad instalada, como las fábricas que no usan todo su potencial, para en su caso causar más daño. En contraste, al área motora indispensable, que matricula el 15,47% dedican menos de la mitad de su infraestructura: el 7,04%.

Comparando las instituciones públicas y privadas, las primeras son más generosas ofreciendo 10,9% y 27,66%, en las áreas que llamé “motoras” frente al 3,99% y 9,5% que ofrecen las segundas.

La universidad pública conserva al 73,94% del estudiantado. ¡Vamos a la revolución universitaria!