QUITO.- Un vistazo del interior de la Asamblea Nacional. Foto: El Universo


Desconfianza, desilusión, intransigente oposición, pérdida de tiempo, peleas, dejar de lado las obligaciones para con el pueblo..., opinan ciudadanos de la actuación del Legislativo. (O)

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Álex Xavier León Ramírez

En estos últimos tiempos, es evidente la crisis de nuestro Poder Legislativo, entre otros aspectos, por la limitada capacidad en cumplir eficientemente sus funciones, dando lugar al nacimiento de bloques, unos al servicio incondicional del Poder Ejecutivo y otros al de sistemática e intransigente oposición al régimen, desconociendo que una vez electo se convierte en representante de la sociedad civil.

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Para obviar estos inconvenientes, se pensó que con la nueva conformación del Parlamento desaparecerían los síntomas de ingobernabilidad, pero se reflejó odio, caprichos, interpelación a ministros; es decir, desestabilizar a la Función Ejecutiva a toda costa. Era una utopía crear condiciones favorables para una discusión razonada de las leyes evitando la promulgación de normas difusas y contradictorias, como viene ocurriendo. No se pensó en dotar de una legislación que nos preserve de los terroristas, una de las principales amenazas para la gobernabilidad del país, y del tráfico y consumo de estupefacientes; sino que está protegida por ciertos intereses muy poderosos, que más tardan en ser detenidos que en cobrar su libertad. La desilusión de los ecuatorianos hacia la Asamblea Nacional ha sido inevitable: drenó desconfianza. (O)


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José E. Ortoneda Sánchez

El mensaje claro que nos deja la Asamblea Nacional, disuelta por decreto de la muerte cruzada, por el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, es que cuando hay intereses personales y se dejan de lado obligaciones para con el pueblo que los nombró asambleístas, salen a la luz las consecuencias de sus actos que los condenaron irremediablemente.

Desde hace muchos años, entre los asambleístas hubo personas que hasta este momento no les han descubierto sus ‘hazañas’ de otorgar cargos públicos en las ciudades donde residen, cobro de coimas por ‘servicios’ que prestaron, etc.; y lo siguen haciendo y nadie se da cuenta. ¿Dónde están las autoridades –la Contraloría, por ejemplo–, que no han fiscalizado como debieron hacer con estos exasambleístas privilegiados? El país necesita un jefe de Estado firme para imponer decisiones, corregir leyes que permiten a delincuentes salir libres y seguir con sus delitos. (O)


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Pablo Jaime Ruiz

Mensaje: corrupción, ambición, falta de valores, pérdida de tiempo, peleas... (O)