Secuestros, robos, asesinatos son, lamentablemente, las noticias que día a día se leen y que muestran una realidad del Ecuador. Hoy, en un nuevo intento para buscar opciones que puedan enfrentar la situación, los tres poderes del Estado iniciarán un diálogo que la sociedad espera marque una línea clara a seguir para obtener resultados.
La llamada mesa interinstitucional sobre seguridad y lucha contra el crimen tendrá representantes de la Asamblea Nacional, Gobierno nacional y de la Función Judicial. Una cita que parte de la preocupación sobre algunos procesos judiciales en los que habrían existido opiniones diferentes de los distintos actores del sistema de justicia, y que tiene como fin garantizar la seguridad ciudadana, prevenir, combatir y sancionar todas las formas de delincuencia en el país.
En junio de 2022 el presidente se reunió con los alcaldes del Ecuador, muchos de ellos serán relevados tras las recientes elecciones, y, aunque la seguridad no es su competencia directa, también son parte de la articulación de proyectos.
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El trabajo conjunto es una tarea que apremia. En lo que va del año se registra ya el 60 % de casos de secuestros con relación a todos los que hubo en el 2022. El más reciente fue el de una pareja en Quito, en el que incluso participaron dos menores. Uno de ellos además estaría vinculado en el asesinato del policía Freddi Bonilla, perpetrado en Esmeraldas semanas atrás, indicó la Policía.
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En tanto, la Unase liberó en Socio Vivienda a tres conductores secuestrados el fin de semana, en el que al menos 20 personas fueron asesinadas en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón).
El accionar articulado de los poderes del Estado contra la delincuencia y el crimen organizado es necesario y debe planificarse y notarse, ya que de la seguridad –su labor principal– dependen todos los aspectos del funcionamiento de una sociedad, desde la tranquilidad de moverse libremente hasta la generación de empleo. Nadie que viva con temor de salir a la calle puede producir ni ir a estudiar en paz. (O)
