Los sistemas jurídicos en el mundo son resultado de la evolución histórica. No solamente regulan la vida en sociedad de los individuos humanos, sino que definen las relaciones de estos con la naturaleza y con las criaturas vivientes. No abordan y determinan únicamente el espacio de tiempo vital de las personas desde su nacimiento hasta su fallecimiento, sino que regulan también los momentos previos a ese hecho y lo que sucede después de la muerte.
El derecho dibuja el mundo, siendo sus definiciones obligatorias para todos. Se nutre de la vida en sociedad y convierte esa realidad en conceptos y categorías que son elementos que forman parte de su sistema. Lo jurídico se nutre de la creación cultural de la humanidad, la procesa, ordena y la presenta como una construcción normativa nueva y depurada que tiene características de obligatoriedad, imperatividad, bilateralidad y coercitividad. El derecho es el producto regulador más importante para la convivencia social y, por eso, está protegido por afirmaciones dogmáticas que lo convierten en un sistema que debe ser respetado por todos y cuya vigencia está garantizada por la fuerza legítima, radicada en los Estados que son las instituciones que representan la máxima expresión de soberanía de los pueblos.
El derecho no es súplica, exhortación o discurso que invoca su respeto. El derecho es obligatorio y debe ser cumplido siempre, por todos, forzosamente.
Lo afirmado es parte de los contenidos dogmáticos de lo jurídico que son estudiados por la Filosofía del Derecho y la Teoría General del Derecho, que en nuestras universidades son asignaturas de las mallas curriculares de las carreras jurídicas. Quizá, el estudio de esta temática abstracta en nuestros centros de educación superior es el factor que ha influido para que los fundamentos filosóficos del derecho no sean desconocidos sino más bien validados discursivamente, pese a que en la práctica legal en nuestro país, con las excepciones de rigor, se los destroza.
En la mayoría de los ámbitos en los cuales lo jurídico es un elemento central, quienes ahí son protagonistas… abogados, funcionarios, políticos y ciudadanos justifican sus actuaciones contrarias a la ética y al derecho, acudiendo a los principios y valores que son sus fundamentos para utilizarlos descaradamente, sin ningún pudor. El debido proceso, la imparcialidad judicial, la lealtad procesal y la buena fe son conceptos utilizados por personajes sórdidos y que, claramente, se ubican en las antípodas de esos fundamentos que son menospreciados y envilecidos.
La buena fe, esa gran categoría moral que atraviesa al derecho, que significa actuar con honradez, rectitud, lealtad, sinceridad y sin ánimo de engañar es, nuevamente en la mayoría de los casos, un concepto manipulado y vilipendiado por personajes siniestros y atrabiliarios. ¡Qué lejos estamos como sociedad de inspirarnos en ella y de buscarla en todos nuestros actos!
El narcotraficante, el bandido contumaz, el abogado malicioso y los otros se amparan en los principios del derecho para destrozarlos desde la indecorosa y claramente antijurídica defensa de sus oscuros intereses. (O)