La visión “cero” constituye un enfoque contemporáneo de gestión de la seguridad vial orientado a eliminar por completo las muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros de tránsito. Este paradigma, originado en la década de los 90 en países nórdicos, se ha extendido tanto al ámbito vial como al laboral, donde diversas empresas han adoptado indicadores que contabilizan los días sin accidentes. Aunque durante años se la consideró una meta idealizada, la experiencia de Helsinki demuestra que es posible alcanzarla mediante políticas públicas coherentes y sostenidas. Esta ciudad finlandesa, con aproximadamente 690.000 habitantes, logró entre julio de 2024 y julio de 2025 completar un año entero sin fallecidos por siniestros de tránsito, convirtiéndose en un referente internacional.
Este logro se explica por la implementación de un conjunto articulado de medidas. La más significativa fue la reducción de los límites de velocidad: más de la mitad de las calles pasaron de 50 a 30 km/h. A ello se añadieron intervenciones urbanísticas, como zonas exclusivas para peatones y ciclistas, la disminución del ancho de las calzadas, la creación de áreas libres de vehículos en sectores de alta concentración de personas y la mejora de la infraestructura para la movilidad activa. Además, la ciudad fortaleció el transporte público y amplió los controles automatizados mediante radares y cámaras que garantizan el control vial.
La evidencia respalda el impacto de estas políticas. Reducir la velocidad de 50 a 30 km/h disminuye la probabilidad de muerte por atropellamiento del 80 % a un rango entre el 5 % y el 10 %, mientras que a 60 y 70 km/h la probabilidad es casi del 100 %. Este modelo de movilidad se complementa con factores socio-urbanos: la alta densidad en zonas históricas, la ausencia de espacio para estacionamientos y un sistema de transporte público asequible para su economía, que reduce la necesidad de adquirir motocicletas.
En contraste, la situación ecuatoriana revela un desafío crítico. En 2024 se registraron 2.302 fallecidos por siniestros viales en una población de 17,9 millones, lo que equivale a 12,9 muertes por cada 100.000 habitantes, una de las tasas más altas de la región. Las principales causas incluyen la conducción desatenta (25 %), irrespeto a señales de tránsito (19 %) y exceso de velocidad (15 %). Además, los motociclistas representan un 33 % de las víctimas, con 768 fallecidos, cifra agravada por el crecimiento del parque automotor, que asciende a 3,1 millones de vehículos. Estos datos ubican al país entre los de mayor mortalidad vial en el continente.
En este contexto, resulta indispensable adoptar recomendaciones internacionales, como el uso permanente de cascos homologados para motociclistas, aunque su eficacia disminuye significativamente en choques frontales a velocidades superiores a 30 km/h. Asimismo, la evidencia comparada sugiere que la reducción de fatalidades requiere políticas integrales, como mejorar el transporte público y reducir los límites de velocidad urbanos. La combinación de estas acciones permitiría disminuir las muertes por siniestros de tránsito y avanzar hacia una movilidad segura y sostenible. (O)