La formulación más antigua que conocemos proviene de Ulpiano y la encontramos en el Digesto. Para Ulpiano era inadmisible que un padre que había permitido que su hija viva como madre de familia emancipada, luego de la muerte de la hija alegue que no ha existido emancipación.
El principio atrás de esta regla hizo doctrina durante el derecho intermedio. Desde la escuela de la Glosa se entiende que es inadmisible que una persona obtenga un provecho de una actitud que suponga una contradicción con su conducta anterior.
Venire contra factum proprium nulli conceditur. El derecho francés, y a través de él, el derecho ecuatoriano, recogió la idea de que a nadie le está permitido venir contra el acto propio.
El principio es tan poderoso que rebasa fronteras. Los anglosajones tienen la doctrina del Estoppel: una regla procesal que permite excepcionar una pretensión que entra en contradicción contra un acto o una palabra de quien la pretende. Los alemanes tienen el Verwirkung: se prohíbe el ejercicio abusivo de un derecho, entendiendo por abuso el cambio intempestivo en la forma de ejercicio.
En el derecho ecuatoriano, la doctrina de los actos propios se encuentra recogida como consecuencia de la regla que establece que los contratos deben ejecutarse de buena fe. Así, se entiende que quien ha actuado de una manera determinada no puede luego, sin justificación válida, asumir una postura incompatible con aquella conducta previa, si esta ha generado en otro una legítima expectativa.
La doctrina de los actos propios sirve, en muchos casos, para frenar intentos de fraude procesal, simulación contractual o comportamientos oportunistas que socavan la confianza legítima entre las partes. En este sentido, la coherencia y la lealtad no son solo principios éticos, sino condiciones necesarias para la validez del ejercicio de los derechos.
Pero, más allá del ámbito legal, la doctrina de los actos propios tiene profundas implicaciones en la convivencia social. En un entorno donde la palabra dada, la conducta asumida y los compromisos tácitos son respetados, se fortalece la confianza entre individuos. Esto es vital en contextos como el comercio, las relaciones laborales o las interacciones familiares, donde muchas veces los acuerdos no quedan por escrito pero sí generan efectos que deben ser respetados. La contradicción injustificada no solo deslegitima al sujeto que incurre en ella, sino que erosiona la seguridad y previsibilidad del entorno social.
Venire contra factum actúa como un límite al ejercicio arbitrario de los derechos, pero, sobre todo, como una garantía de un diálogo democrático serio y productivo.
Y aquí vienen las preguntas: ¿cómo el movimiento indígena, que tiene como bandera de lucha la protección al medioambiente, aboga luego para que se incentive la contaminación a través del subsidio a los combustibles fósiles?, ¿cómo se pide que el Gobierno no cobre impuestos y no pueda explotar ITT, y luego se reclama que haya fondos para subsidiar la gasolina?, ¿cómo se pide democracia y gobierno de la gente, y luego se impide cualquier espacio de diálogo y se busca imponer a la fuerza? (O)
