He manifestado que estoy de acuerdo con la propuesta del presidente Noboa de introducir una reforma constitucional que convierta en sujetos de juicio político a los magistrados de la Corte Constitucional.
También he manifestado que uno de los problemas del Ecuador es que se legisla desde la coyuntura, en temas trascendentales para la institucionalidad democrática.
¿Cree usted, amigo lector, que este esquema de una Corte Constitucional sin ningún tipo de responsabilidad política es producto del compromiso irrestricto del gobierno de la Revolución Ciudadana con la democracia y el Estado de derecho?
¿Cree usted que fue coincidencia que esta nueva Corte ilimitada, fue presidida por el obsecuente Patricio Pazmiño y luego, por la secretaria de despacho del supremo líder, tristemente célebre protagonista del caso Arroz Verde?
En la política no existen coincidencias, dicen los expertos; y lo relatado, tampoco lo es. El correísmo blindó a la Corte Constitucional porque era su Corte Constitucional, con nueve magistrados propios, obsecuentes que se encargaron de zanjar de manera definitiva, y a favor del Gobierno, cualquier discusión judicial que llegaba a sus dominios; de interpretar a favor del Gobierno, lo que saliera de Carondelet. Claro está, otra vez, legislando según la coyuntura, jamás pensaron que esa Constitución, escrita para 200 años, algún día se les volvería en contra. Que algún día, esa Corte sería destituida por otra, que respondería a otros intereses. Porque, con el respeto de unos pocos magistrados pasados y presentes, que merecen mi respeto y admiración, esta Corte no es nada diferente al Ecuador; me refiero a que la rondan intereses económicos y activismo ideológico y político. No se entiende de otra manera el controvertido fallo que viabilizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, contra norma constitucional expresa, dizque amparados en el bloque de constitucionalidad, por citar un ejemplo.
Entonces, ¿qué hacemos con esta Corte Constitucional? ¿Por qué motivo no debe tener responsabilidad política, si su designación tiene origen político, reciben fondos públicos, están investidos de autoridad pública y con ello, de las prebendas y prerrogativas de la función pública? ¿Por qué entonces, la Corte Nacional de Justicia tiene al Consejo de la Judicatura como censor? Y si concluimos que sí debe rendir cuentas, ¿ante quién, que no sea el primer poder del Estado?
¿No nos gusta esta Asamblea? ¿Cuál fue la última que le gustó? Ninguna. ¿Y acaso, la Asamblea Nacional existe para ser popular? No, existe para hacer contrapeso ante los demás poderes del Estado, en nombre del pueblo. Además, ¿qué otra Asamblea podemos tener, si la política no es más que el reflejo del país, y si tenemos empresarios tramposos, dirigentes gremiales que usan el cargo para acomodar sus negocios, y ciudadanos que corren a robarse botellas de colas cuando el camión sufre un accidente?, ¿por qué en la política sería diferente?
¿Que hay ciudadanos de bien, políticos serios y empresarios honestos? Conozco muchos. Pero son la excepción, y la mayoría prefiere lanzarse de un balcón a incursionar en la política.
Seguiremos comentando… (O)
