Una dictadura no es una entidad de derecho. No lo es porque para establecerse debió cumplir con el requisito que legitima que un Estado exija sometimiento a la población que pretende gobernar. Ese método único de acceso al poder es la aceptación mayoritaria de su pueblo mediante sistemas de democracia directa, como las asambleas populares y similares, o a través de la votación universal en votos consignados en urnas. La anuencia del pueblo es la única fuente de soberanía que permite instalar un Estado en un territorio. También cualquier gobierno se convierte en dictadura si, habiendo llegado al poder con la venia del soberano, se desvía de las prácticas legítimas para menoscabar los derechos de los individuos que pueblan la superficie que considera de su jurisdicción.

Vista así, la Venezuela chavista no es soberana ni legítima. Es potencialmente el país más rico del mundo, pero hoy es una piltrafa sangrienta, con personas comiendo basura en la calle, del cual han salido ocho millones de migrantes, regido por una casta corrupta y asesina, esta situación no era tolerable para la conciencia de la humanidad. Ya suficiente hemos tenido con 66 años de castrismo en Cuba, algo había que hacer. Una intervención de fuerza para descabezar ese régimen espurio actuaría conforme a derecho. Pero ¿quién está autorizado para ejecutar esa operación tan delicada? La Naciones Unidas, responderán los multilateralistas. Revisemos, la ONU es una macroburocracia, en cuya Asamblea General los países democráticos conforman una minoría y de cuyo Consejo de Seguridad forman parte de manera inamovible dos dictaduras con facultad de veto. No lo iba a hacer jamás y mucho menos un organismo regional, todos catatónicos.

Ante ese vacío y para no seguir gastando papel en declaraciones, el presidente de Estados Unidos decidió tomar al toro por los cuernos y extrajo al dictador Maduro. La acción ha sido aprobada limitadamente por la mayor parte de las democracias y de los demócratas del mundo. Suponen que a la intervención militar deberá seguir la instauración de un régimen legítimo, basado en el pronunciamiento popular y en la vigencia del derecho. Esta segunda fase es la que otorgaría legitimidad a todo lo actuado. Es complicado, pues se parte de un limbo legal que ha de concluir en una solución con reconocimiento general, por no decir universal.

Muchos dan por descontado que este proceso culminará, a la brevedad posible, en la entrega del poder a Edmundo González, el ganador de las elecciones de 2024, según lo reconocieron varios países y organizaciones internacionales. Pero en política solo valen las soluciones posibles, el resto es literatura o cosas peores. Y lo peor que podría pasar es tener que imponer a un mandatario, por muchos méritos que tuviere, mediante una ocupación de tropas americanas. Sería el desastre. Veamos cuál es la hoja de ruta de la transición, que sea la menos dolorosa, habrá que hacer concesiones, pero su rumbo no puede depender de la impunidad de homicidas, narcotraficantes y ladrones. Mientras tanto sería de desear que el señor Trump modere su retórica mercantilista y ordinaria, que en Latinoamérica provoca recelo y antipatía. (O)