El que el expresidente Alejandro Toledo se encuentre preso en Perú es un grande avance contra la impunidad en nuestros pueblos latinoamericanos.

Esto se hizo realidad después de un largo proceso de siete años, luego del cual se obtuvo su extradición desde los Estados Unidos por la acusación de haber recibido, presuntamente, una comisión, una coima, de 35 millones de dólares de la tristemente célebre constructora brasileña Odebrecht, a cambio de que se le otorgue la construcción de un tramo de la carretera que une Brasil y Perú, y, por tanto, el Atlántico con el Pacífico.

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Las autoridades estadounidenses lo entregaron, y no solo embarcaron a Toledo en un vuelo al Perú, sino que lo entregaron personalmente en territorio peruano. Hay ahora tras las mismas rejas tres expresidentes peruanos: Toledo, Alberto Fujimori y Pedro Castillo, por distintos motivos, aunque todos salpicados por corrupción. Recuérdese que en Perú también han sido destituidos otros presidentes más, y, uno de ellos, prefirió suicidarse antes de que someterse al escarnio de la prisión. En medio de todo esto, uno no deja de maravillarse de que el riesgo país del Perú es varias veces menor al del Ecuador; esto se debe a que nuestro vecino es un puntual pagador de sus deudas, respeta sus contratos y tiene grandes reservas monetarias.

En nuestro caso, el del Ecuador, hay que reconocer que muchos de los fraudes contra nuestro país han sido enjuiciados por la justicia norteamericana; ocurre que nuestros delincuentes que han robado al fisco manejan sus fondos ilícitos usando el sistema financiero de los Estados Unidos, con lo que caen bajo su jurisdicción. Por el caso de Odebrecht está siendo juzgado en ese país el más célebre de nuestros recaudadores de coimas, quien casi consigue la prisión de los ejemplares ciudadanos de la Comisión Anticorrupción.

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En el Ecuador, por acusación fiscal, está en proceso el caso de la construcción de la presa hidroeléctrica por Sinohydro, en el cual se encuentran acusadas varias personas, particulares y exfuncionarios, y contra la mayoría de ellas el juez ha dictado medidas cautelares, como arresto domiciliario.

Entre las acusadas, con orden de arresto domiciliario, se encuentra el expresidente Lenín Moreno, por su actuación como vicepresidente; se le acusa de haber recibido coimas a través de Ina Papers.

Por no haberse presentado ante el juez, entiendo que el arresto domiciliario se sustituiría por prisión y se lo consideraría prófugo, como a todos los que no se han presentado, y habría una solicitud de detención internacional a la Interpol. El expresidente Moreno desempeña una función de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Paraguay, pero esa no es razón para no presentarse en Ecuador.

El Gobierno ecuatoriano debe oficiar de inmediato a la OEA pidiendo que se cancele ese nombramiento. La OEA no puede ser escudo diplomático para proteger a perseguidos por la justicia. Si Moreno se considera inocente debería presentarse ante los jueces y evitarse un penoso, humillante, camino como el que ha recorrido Toledo. (O)