Ahora que está de moda el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) quiero recordarles algunos temas pendientes de esta institución. Lo que digo no es porque crea que antes era peor y ahora estamos mejor; no, no, no, querido amigo lector, vengo a remover esa capa de recuerdos que se endureció en nuestra memoria de corto plazo.

La idea de que sea la gente común quien designe a nuestras autoridades de control, en teoría, sonaba como una obra maestra, digna de un genio de la democracia participativa. Sin embargo, terminó siendo un nido de utopías, egocentrismos, designaciones turbias y fantochadas; propuestas quiméricas que se volvieron inviables e inservibles, y que nuevamente están en el ojo del huracán.

Con estas palabras busco recordar cómo, en términos futbolísticos, nos hacen goles de medio campo. Nos quejamos un rato, pero en este hermoso país en constante cambio y emoción, nos pitan un penal sin falta y nos toca criticar nuevamente. Porque los políticos nos meten un autogol y culpan al recogebalones, convirtiendo el partido de nuestras vidas en un desesperado grito de “¡a empatar, Calceta!”.

Contamos con autoridades designadas que llevan cinco años en el cargo, cuando el periodo constitucional tras ganar el concurso es de seis años. Es decir, están allí, dejando de lado la meritocracia y los sueños de democracia participativa del CPCCS.

¿Vamos a seguir permitiendo que distorsionen y abusen de las acciones constitucionales...?

Miremos el ejemplo de Ángel Torres Machuca, defensor público nacional encargado, designado desde 2018, un nombre que era desconocido ya que en el concurso nacional de defensores públicos obtuvo una posición 137 en la provincia de Pichincha. Esto significa que 136 personas solo en Pichincha tenían más capacidades que él. Sin embargo, lleva cinco años como defensor Público nacional, sin destacar ni ser cuestionado, mientras ocupa el puesto junto a un equipo cuyos méritos también son desconocidos, lo peor de todo con una denuncia en Fiscalía que durmió el sueño de los justos, y una “medida cautelar” que se supone deben tener temporalidad, sin embargo, esta autoridad encargada la obtuvo atemporal, y se supone que debe proteger derechos, no ser el precursor del abuso de acciones constituciones, pues fue obtenida entre “gallos y medianoche”, en algún cantón que seguramente ni siquiera conoce.

El último contralor que llegó por concurso, ¿cuándo fue? ¿El defensor del Pueblo ya fue elegido? Podría seguir enumerando autoridades que nos impusieron sin que lo notáramos, en esta malograda versión de democracia participativa. Esto me lleva a preguntarme: ¿el país es consciente de que el CPCCS era la oportunidad perfecta para ser un referente mundial en participación? O es que, al igual que con la extradición, ¿fuimos vencidos por el desagradable aroma de este Gobierno que ya termina y no vemos el gran potencial que poseemos? ¿Vamos a seguir permitiendo que distorsionen y abusen de las acciones constitucionales, que ahora parecen ser el truco para interrumpir procesos o perpetuarse en cargos no merecidos? (O)