Los Estados Unidos enfrentan una sensible situación por el escenario generado por las continuas y amplias redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), algunas de las cuales han derivado en violencia y en la detención de adultos y hasta sus hijos pequeños, incluidos ecuatorianos.
Son varios los casos, como el de Liam, de 5 años, cuya imagen recorrió el mundo al aparecer de pie junto a agentes y frente a un carro, mientras su padre, Adrián, era detenido en Minneapolis. Posteriormente, ambos fueron trasladados a Texas, pese a que son parte de un proceso para recibir asilo. Ante la situación son varios los comentarios realizados sobre lo que se puede hacer y el papel que debe tener el Estado ecuatoriano para ayudar a estos y otros detenidos. Aunque en este caso la familia ha pedido no intervenir por temor a que se complique su proceso de solicitud de asilo.
Frente a esta compleja situación, cuatro de nuestros columnistas con experiencia en el tema migratorio en Estados Unidos dan su opinión respecto al papel que puede/debe tener el Gobierno en este escenario:
Luis Gallegos Chiriboga, excanciller y exembajador en EE. UU.
“He tenido el privilegio de ser funcionario de carrera del Servicio Exterior del Ecuador durante más de 52 años. Desde entonces, me he formado en la defensa de los intereses del Ecuador y de su pueblo. Mi agenda ha sido siempre la patria. En el ejercicio de mis funciones como cónsul general, embajador y representante permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas en Nueva York y en Ginebra, me correspondió defender los derechos humanos de los migrantes. La protección de todo migrante debe ser una prioridad nacional.
Los noticiarios del mundo han resaltado el momento crítico que viven actualmente los migrantes en Estados Unidos, así como la intensidad —y muchas veces la violencia— de los operativos de las fuerzas de seguridad que buscan expulsarlos. Ante esta situación, los obispos católicos de Estados Unidos, respaldados por el papa León XIV, han pedido respeto a los derechos de los migrantes en estos graves momentos.
La protección del migrante es hoy un tema fundamental. Alrededor de 304 millones de personas en el mundo se han visto obligadas a abandonar sus hogares por persecución, conflictos, pobreza o desastres naturales. Paralelamente, asistimos a una creciente tendencia antimigrante en diversas regiones, frecuentemente anclada en el racismo, la segregación y la xenofobia.
Los ecuatorianos que han migrado, con o sin documentos, deben ser protegidos por el Ecuador, no solo en cumplimiento de los mandatos de la Constitución y de los instrumentos internacionales que obligan al Estado, sino también por la ética y la humanidad que ello representa y la dignidad de nuestros compatriotas.
El Estado ecuatoriano tiene la obligación de velar por el respeto de los derechos de estos compatriotas y de sus familias. Para ello, debe realizar todas las gestiones diplomáticas y políticas necesarias ante los Estados Unidos, en todos los niveles —desde el presidente de la República hasta la Cancillería—, a fin de garantizar el respeto que merecen como ecuatorianos y como seres humanos”. (O)
Hernán Pérez Loose, exrepresentante ante la ONU
“En primer lugar, debe recordarse que los ecuatorianos detenidos en Estados Unidos por autoridades migratorias no han cometido delito alguno. Ellos han incurrido en una infracción civil, concretamente de carácter administrativo, pero no una infracción penal, no son delincuentes.
En segundo lugar, de conformidad con la Convención de Viena de Relaciones Consulares (art. 36), es obligación de las autoridades estadounidenses notificar al respectivo cónsul ecuatoriano sobre la detención de un ecuatoriano en ese país y, por ende, es un derecho del detenido. La opinión consultiva 16/99 de la Corte Interamericana ha destacado la universalidad de este derecho. La notificación al consulado tiene por objetivo asegurarle al detenido extranjero que será debidamente asesorado y se velará por su seguridad. Esta es, por lo demás, una práctica común, al margen de lo que digan tratados, convenios o sentencias internacionales.
De hecho, en el Ecuador en muchas ocasiones los consulados extranjeros solicitan tener contacto con sus nacionales detenidos en nuestro país —algo que nuestro país acepta generalmente— sin que ello implique una interferencia en asuntos internos del Ecuador. Nuestras autoridades deben tomar cartas en el asunto de nuestros compatriotas detenidos en Estados Unidos por razones migratorias”. (O)
Grace Jaramillo, profesora de British Columbia
“Estados Unidos es el destino de la mayoría de los inmigrantes ecuatorianos en el exterior. Dadas la situación actual en Estados Unidos y su nueva política de detención y expulsión de inmigrantes, lo mínimo que debe hacer el Estado ecuatoriano es fortalecer y expandir sus servicios consulares en ese país. Esto significa emprender tres acciones urgentes, que debieron empezar hace ya un año:
1. Expandir el número de consulados y profesionales consulares disponibles en Estados Unidos para proveer asistencia a la mayor cantidad de ecuatorianos en situación de riesgo, incluyendo la provisión de líneas telefónicas y en redes que atiendan las 24 horas.
2. Proveer líneas de defensa legal, especialmente para los casos más críticos, en los que hay niños detenidos y en situación de riesgo, como el caso de Liam Conejo Ramos en Minnesota. Rescatar menores de edad de centros de detención inadecuados y devolverlos a familiares cercanos debería convertirse en prioridad uno en esta crisis.
3. Generar convenios diplomáticos que garanticen el debido proceso de migrantes que han entrado a Estados Unidos por canales regulares y, a su vez, evitar convenios que criminalicen aún más a los inmigrantes, no solo ecuatorianos, sino de otros países hermanos, como el convenio firmado el año pasado con el Departamento de Homeland Security.
Acciones similares han sido emprendidas por otros países latinoamericanos. Los mejores ejemplos son México y Guatemala”. (O)
Anibal Romero, abogado especialista en migración en EE. UU.
“Cuando ciudadanos ecuatorianos son detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), muchas familias esperan que las autoridades ecuatorianas intervengan directamente en los procesos legales. En la práctica, el rol del Estado ecuatoriano es limitado por la legislación estadounidense y los acuerdos internacionales. Sin embargo, existen acciones importantes que los funcionarios consulares pueden realizar para proteger derechos básicos y brindar apoyo humanitario.
En primer lugar, los consulados ecuatorianos pueden verificar la identidad y el estatus migratorio de los detenidos. Esto incluye la emisión o la renovación de pasaportes y documentos de viaje, que suelen ser necesarios para trámites legales o para una eventual liberación o deportación. El acceso consular es un derecho reconocido por el derecho internacional y los detenidos pueden solicitar comunicarse con su consulado.
En segundo lugar, los funcionarios consulares pueden realizar visitas de verificación y seguimiento, especialmente en casos de personas vulnerables. Esto incluye dar seguimiento a detenidos enfermos, mujeres embarazadas o personas con problemas de salud mental y asegurarse de que ICE esté informado sobre sus necesidades médicas. Aunque los consulados no pueden exigir la liberación, sí pueden documentar las condiciones de detención y canalizar preocupaciones por vías oficiales.
Asimismo, las autoridades ecuatorianas pueden desempeñar un papel clave en la comunicación con las familias en Ecuador. Muchas veces, los familiares no saben dónde se encuentran sus seres queridos. Contar con un sistema organizado para informar a las familias —con el consentimiento del detenido— puede reducir la angustia y la incertidumbre.
Finalmente, Ecuador podría fortalecer su apoyo mediante la designación de un enlace formal con ICE dentro de su red consular. Este enlace podría ayudar a localizar a personas detenidas, atender casos de personas desaparecidas y coordinar la comunicación entre familias, abogados y autoridades estadounidenses.
Aunque las autoridades ecuatorianas no pueden cambiar las decisiones migratorias, una presencia consular constante, una comunicación clara y un enfoque humanitario pueden marcar una diferencia significativa para los ciudadanos detenidos y sus familias”. (O)
