En un paro de actividades pierden todos. Más cuando la violencia y actos vandálicos y de terrorismo destruyen bienes, bloquean vías e impiden el libre tránsito, el trabajo, la apertura de negocios, comercios e industrias y el turismo.

Ese fue el caso del último paro de un mes en la provincia de Imbabura, que produjo pérdidas millonarias y afectó a todos los sectores de la producción, incluido de los mismos indígenas, que fueron obligados por sus dirigentes a cerrar los negocios y a bloquear las vías, a lanzar piedras, a destruir bienes públicos y privados, en una acción violenta, incluso con la irresponsabilidad de poner como escudos a mujeres y niños.

¿Dónde quedaron los pedidos y reivindicaciones de atención a las comunidades? Primero fue la derogatoria del decreto que eliminó el subsidio al diésel. Luego la reducción del IVA y posteriormente otros pedidos con proclamas inaceptables como poner fin a la explotación petrolera y minera. Pedidos que generarían menos ingresos pero al mismo tiempo exigen la entrega de más recursos.

En medio de la división entre los dirigentes nacionales y locales, no lograron sus objetivos ni la atención a las auténticas demandas de las bases que volvieron a sus territorios con las manos vacías. Posteriormente el decir no a la consulta popular del 16 de noviembre próximo, posición política a la que tienen derecho dentro de la campaña electoral, pero no cabía engañar frente a las auténticas demandas de atención a las comunidades.

Enhorabuena terminó el paro parcial, que a diferencia del 2019 y 2022 esta vez se prolongó durante un mes y golpeó duramente a provincia de Imbabura, a la que hay que volcarse hoy para reactivarla en todos sus sectores.

¿Qué lograron con sus actos violentos y cómo regresan a sus comunidades? ¿Qué les consiguieron sus dirigentes? ¿En qué momento perdieron el norte? Eso no significa que el Estado y el Gobierno tienen que olvidarse de la atención a sus auténticas necesidades, que no es problema de hoy sino que se arrastra por décadas.

El problema que subsiste son las distorsiones que mantienen con la deformación de las demandas como el plantear, al fin del paro, la desmilitarización de todos los territorios indígenas, que refleja que pretenden crear un Estado dentro del Estado, cuando la Constitución, artículo uno, consagra que el Estado es unitario, con un sistema que concentra el poder en el Gobierno central.

Cómo se han distorsionado las demandas cuando a pretexto del paro abusaron de los agricultores y ganaderos al botarles sus productos, quisieron paralizar el trabajo de fábricas, tratar de imponer por la fuerza la venta del gas de uso doméstico con precios exorbitantes, es decir, pretendieron sembrar el caos organizado.

Frente a esto hay que exigir a las autoridades locales y provinciales (Alcaldía de Otavalo, Prefectura de Imbabura) que ayudaron al paro de manera irresponsable por acción, omisión y desaparición en momentos cuando se requería la unidad, que pongan recursos para restaurar todo. Es hora de hacer una minga de solidaridad y que el país se vuelque en atención a Imbabura. Aunque no se recuperará el tiempo perdido, se puede duplicar esfuerzos de ayuda. (O)