En mayo Guillermo Lasso, mediante Decreto 754, reglamentó la consulta ambiental acatando un requerimiento de la Corte Constitucional. En junio Leonidas Iza reclamó la inconstitucionalidad del decreto y la Corte lo suspendió. El lunes 18 la Corte celebró una audiencia en el caso y está pendiente su decisión de levantar o no la suspensión.

En 2021 la Corte echó abajo el componente de inversión de una ley urgente. Este año ha rechazado los decretos leyes para fomentar la inversión. Hay 170 proyectos importantes de inversión paralizados por falta de licencia ambiental. Hay enorme interés de las empresas mineras de todo el mundo por invertir en el país, pero por las trabas hay desinversión. El Banco Central prevé caerá la inversión este año y el próximo.

Constitucionalidad del reglamento al Código de Ambiente pasa a análisis de los jueces de la Corte Constitucional

La Corte recogió el pedido de consulta contra la producción petrolera del ITT que fuera rechazado por la misma Corte en 2013 y lo sometió imprudentemente a consulta popular cuando las elecciones concitaban la atención del electorado.

La falta de inversión y la consiguiente ausencia de oportunidad de empleo causan bajo crecimiento económico y la fuerte emigración que experimentamos. El cierre del ITT costará 31.600 empleos en 2024 y 44.717 en 2025, según el Banco Central.

En lo fiscal, la Corte conminó al Gobierno a acatar un alza salarial al magisterio carente de financiamiento. De la ley tributaria de 2021 negó la eliminación del impuesto a la herencia y rechazó la regulación del Rimpe, que el SRI no pudo cobrar hasta el reciente decreto-ley.

(...) nuestra Corte queda marcada como corresponsable de una crisis política...

La Corte imprudentemente dio luz verde a un juicio político al presidente fundamentada en que había suscrito un contrato que renovaba un esquema perjudicial de transporte petrolero que venía del correato, a pesar de que tal contrato de renovación no existe. Esa decisión derrumbó al gobierno de Lasso.

Desde que el CPCCS (Consejo de Participación) transitorio presidido por Julio César Trujillo reconformó la Corte, todos los magistrados han exhibido una trayectoria profesional intachable y poseído inmejorables credenciales académicas. Por lo que era de esperar que hicieran gala de mayor sagacidad y menor impulsividad.

Fiscalía recaba insumos en investigación previa a juez Leiver Quimis, que ordenó crear veeduría para evaluar elección de jueces constitucionales

La Corte Constitucional está calcada en la Corte Suprema de los EE. UU. en lo que respecta a la vigilancia del cumplimiento con la Constitución. Desde sus inicios la Suprema de EE. UU. mantiene un perfil discreto, limitando sus pronunciamientos sobre constitucionalidad al mínimo indispensable. Los politólogos estadounidenses observan que detrás de esta discreción está el reconocimiento de la Corte de que los elegidos para gobernar son el presidente y los legisladores y no los jueces, y que la autoridad de la Corte depende del reconocimiento de la población que con sus decisiones aporta y no traba el cabal desenvolvimiento de la sociedad y la economía.

Hoy, con su exagerado protagonismo, nuestra Corte queda marcada como corresponsable de una crisis política y crucial contribuyente a la disfuncionalidad de la economía. Sus decisiones imprudentes debilitan el apoyo de la sociedad tan necesario hoy que hace frente a la amenaza del correísmo.

El día que Ecuador busque darse una nueva Constitución habrá voces que sostengan que el experimento fracasó de dotar a una Corte Constitucional la atribución de interferir a su arbitrio en decisiones que competen a otros poderes del Estado. (O)