En el análisis de la problemática criminal que padece nuestro país, se menciona como postulado inequívoco la certeza de que los factores de pobreza, inequidad y marginalidad que existen en el Ecuador constituyen el caldo de cultivo ideal para que el narcotráfico y la violencia que genera se incorporen como factores cotidianos e irremediables. A partir de dicha premisa se ha insistido en la responsabilidad que tiene el Estado de solucionar los mencionados problemas sociales, llegando inclusive a sostenerse que mientras eso ocurra, la represión estatal debe ser considerada como una herramienta insuficiente al momento de medir los resultados. Sin embargo, hay quienes mencionan también que entre la pobreza y delincuencia hay una relación causal inexistente, y que dicho manejo argumental termina siendo insuficiente al momento de precisar la realidad criminal en una sociedad determinada.

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En esa línea, hay autores que argumentan que “la delincuencia y la inseguridad son el resultado de circunstancias y fenómenos complejos que no permiten simplificaciones ligeras” y que, de alguna u otra manera, se está desconociendo la incidencia de realidades categóricas en el que juegan un papel relevante aspectos como “la cohesión comunitaria y los valores predominantes”. Se cita, por ejemplo, el hecho de la desintegración familiar, consecuencia o no de la pobreza, como un factor básico de incidencia en la vulnerabilidad social y como tal, de la ausencia de roles y modelos que posibilitan la pérdida de valores básicos. Muy pocos hablan de lo que ocurre en nuestro país respecto de la ruptura familiar y de las consecuencias de dicha ruptura en la organización social primaria en la sociedad.

Esa pobreza que timbra

A propósito del tema, Laurent Lemasson, autor francés de varios libros y doctor en Derecho Público y Ciencias Políticas, escribió hace algún tiempo un trabajo muy bien documentado (que puede ser encontrado en Internet), en el cual menciona que la pobreza como tal no puede ser considerada como causa per se del delito, agregando que el vínculo entre pobreza y delincuencia funciona en sentido contrario al que se cree: “El crimen genera pobreza, desalentando la actividad económica legítima e infundiendo temor de los cimientos que puede crear y sostener fuentes de trabajo”. Lemasson sostiene que hay que prestar atención a factores que tienen que ver principalmente con el tema familiar: ser padre muy joven, deserción escolar, estructura familiar inestable, cambios de parejas que ocupan “un rol parental secuencial”, trato errático y en ocasiones brutal hacia la madre y los hijos, embarazo de adolescentes, a tal punto incluso que coincide con ciertos criminólogos que sugieren que retrasar la edad del primer embarazo haría más para reducir la tasa de criminalidad a largo plazo que cualquier otro programa de prevención.

De repente hay gente en el país que se ha convertido en experta en el análisis criminal, simplificando y alterando realidades mucho más profundas y complejas. Lo cierto es que el deterioro de la estructura social y familiar de nuestra sociedad facilita la destructiva irrupción del narcotráfico, sin que hayamos tomado real conciencia de aquello. (O)