En la vida de todo país existen momentos que exigen ser analizados con profundidad y serenidad, dejando de lado intereses personales, políticos o regionales. No siempre es fácil hacerlo, porque las circunstancias suelen estar acompañadas de presiones, prejuicios y posiciones previamente establecidas.
John F. Kennedy, mucho antes de ser presidente de los Estados Unidos, escribió Perfiles de coraje, obra en la que destacó a hombres que tuvieron el valor de actuar conforme a sus convicciones, aun cuando hacerlo significara enfrentarse a intereses poderosos o asumir consecuencias políticas.
Hoy, más que nunca, necesitamos perfiles de coraje.
Nuestro país enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia reciente: el crecimiento del crimen organizado y de una delincuencia que ha dejado de ser un fenómeno exclusivamente local para convertirse en una amenaza contra la seguridad del Estado, la tranquilidad ciudadana y la institucionalidad democrática.
Por otro lado, ya no hablamos solamente de robos, asaltos o delitos comunes. Nos enfrentamos a organizaciones que trafican drogas, armas y personas; que extorsionan, secuestran, asesinan y lavan dinero. Son estructuras criminales con importantes recursos económicos y conexiones que en algunos casos trascienden nuestras fronteras.
Además, se requiere coraje para reconocer que el problema no puede solucionarse solo con operativos policiales o militares. La fuerza legítima del Estado es indispensable para recuperar el control territorial y garantizar la seguridad de los ciudadanos, pero debe estar acompañada por una estrategia integral y permanente.
En la lucha contra el crimen organizado es necesario fortalecer a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Fiscalía y administración de justicia; mejorar los sistemas de inteligencia, entre otros aspectos fundamentales.
Asimismo, las organizaciones criminales no reconocen fronteras. Por ello, nuestra respuesta tampoco puede limitarse exclusivamente al ámbito nacional.
Necesitamos profundizar la cooperación internacional mediante intercambio de inteligencia e información, asistencia judicial, extradición, operaciones coordinadas y acuerdos efectivos con aquellos países que enfrentan las mismas amenazas.
Lo que sí nadie duda es que la seguridad no depende exclusivamente de policías, militares, fiscales o jueces. La prevención comienza en la familia, continúa en la educación y requiere oportunidades para nuestros jóvenes. Allí donde el Estado abandona un espacio, muchas veces el crimen organizado intenta ocuparlo.
Por otra parte, debemos reconocer que el Gobierno nacional está haciendo su labor enfrentando al narcotráfico y a las organizaciones criminales. Sin embargo, esta lucha no puede recaer exclusivamente en el Ejecutivo. Se necesita compromiso y acción coordinada con todas las funciones del Estado: la Asamblea Nacional, la Función Judicial, la Fiscalía y los Organismos de Control deben cooperar. La seguridad debe convertirse en una política de Estado permanente, capaz de trascender gobiernos.
En fin de fines, la población ecuatoriana espera la unidad nacional y que sus dirigentes tengan el perfil de coraje para enfrentar a la delincuencia organizada. (O)
