La ley del talión aparece en el Código de Hammurabi, conjunto de leyes promulgadas por Hammurabi, rey babilónico, alrededor del año 1750 a. C. En Éxodo 21:24, del Antiguo Testamento, se menciona lo que es su esencia: “Si –un hombre– le saca un ojo –a otro–, también a él se le sacará un ojo; si le rompe un diente, se le romperá uno suyo, en cada caso se cobrará mano por mano, pie por pie...”. Talión deriva de “tale”, idéntico. En la época fue un avance poner de tope a la sanción, la proporcionalidad a la falta cometida, sin excederse de esta. Con los siglos evolucionó el derecho a la imposición de penas de privación de libertad, también económicas, con opción a rehabilitación, bajo la competencia privativa de jueces, con derecho a la defensa y al patrocinio de abogados.
Sin embargo, en el siglo XXI, se conservan y multiplican prácticas que rebasan a lo enunciado en la ley del talión.
En los conflictos bélicos, no solo se enfrentan a ejércitos, más importa destruir ciudades, matar a población no combatiente, tomar rehenes, demoler hospitales, impedir provisión de alimentos y medicinas, aun cuando lleve a hambrunas en que los más afectados son los niños.
En el interior de los países, la potestad sancionadora es del Estado, pero en gobiernos autoritarios se usa para atropellar y reprimir a quienes discrepan, más allá de las ideologías. Lo evidencia los casos de Venezuela, Nicaragua y El Salvador.
En los días que estamos viviendo en el Ecuador tenemos que recuperar espacios de respeto en la discrepancia, que se supere la incomunicación y que no haya enfrentamientos que radicalicen posiciones, con escalamiento de represalias.
Sin duda no hay que patear al que ya está privado de libertad, ni echar gas lacrimógeno o gas pimienta en el rostro a los que ya están sometidos, pero tampoco es admisible que se tome de rehenes a miembros de la fuerza del orden, que se los bañe en agua fría y se los azote con ortiga –se dice que no como castigo, sino como purificación–, tampoco es admisible que miles de ecuatorianos tengan que desplazarse a pie, salvando obstáculos, que sea una aventura llegar con medicinas y alimentos, por corredores con permisos de excepción y que miles de personas no puedan laborar para tener su ingreso.
Firmeza no exige intolerancia. El propio Gobierno debe establecer los espacios de tolerancia para llegar a acuerdos, como entorno para soluciones. Bien cuando se dejó sin efecto la entrega del campo Sacha, el más importante en producción de hidrocarburos, en errada negociación de meses atrás; bien por cancelar la licencia ambiental para el proyecto minero Loma Larga de la empresa canadiense DPM Metals, Quimsacocha, después de que se recibieron informes técnicos que sustentan esa decisión.
Los espacios para acuerdos deben ser oportunos, porque los tardíos podrían interpretarse como forzados por las medidas de hecho que se hayan dado. Amenazas pueden generar temor, pero también medidas de hecho, en respuesta o represalia, siendo afectados miles de seres humanos, que a nadie han hecho mal. (O)
