En el lapso de cuatro días se produjeron dos hechos políticos de importancia y un tercero que reafirma el imperio de la mediocridad asamblearia. Sobre este último ya se ha dicho todo lo necesario, de manera que solo cabe adherirse a la condena por la manera en que se le entregó la tribuna parlamentaria a un delincuente sentenciado. No sorprende el hecho de invitarle, que puede formar parte de un proceso de fiscalización –inexistente en este caso–, sino el procedimiento, sin guion, sin preguntas, mucho menos objeciones. En síntesis, lo sucedido en esa comisión legislativa y el posterior apoyo de la bancada al invitante no es más que el reconocimiento de que todos ellos le consideraron al delincuente un interlocutor válido, como su par en el recinto legislativo. Se situaron en su mismo nivel y convirtieron a la Asamblea en el patio de recreo de la Penitenciaría.
En fin, dentro de pocos días esto pasará al olvido y no se conocerá la ropa sucia que estuvo a punto de aparecer en ese sainete. En cambio, los otros dos hechos tendrán consecuencias políticas, sociales y económicas que, sin duda, determinarán por lo menos el futuro inmediato. El primero fue la elección del nuevo presidente de la Conaie, que constituye una gran incógnita sobre la orientación que tomará no solo con respecto al gobierno, sino fundamentalmente acerca de temas como la minería y los subsidios de los combustibles. La no reelección de Leonidas Iza puede interpretarse como la derrota del sector más radical del movimiento social más fuerte y activo del país, pero esa no puede ser una afirmación hasta conocer las acciones que desarrolle Marlon Vargas. Es probable que haya sido derrotado el sector correísta de la Conaie, pero no necesariamente el ala radical. Seguramente no será necesario esperar mucho tiempo para despejar las dudas, ya que en un par de días habrá un pronunciamiento de respuesta a las medidas tomadas por el gobierno, que es el otro hecho de importancia.
En efecto, la reorganización institucional de una parte importante del aparato estatal será respondida no solo por la organización indígena, sino por varias fuerzas sociales y políticas del país. La contracción del acordeón que fue expandido hasta su máxima expresión a lo largo de los diez años de bonanza petrolera es mucho más que una medida de carácter administrativo. Es una señal muy fuerte en términos de política económica y social (e incluso regional, por el impacto que tendrá sobre la economía quiteña, que es en donde se encuentra la mayoría de la burocracia sujeta a reducción). Más allá de sus efectos inmediatos, sus costos y beneficios, esta decisión puede interpretarse como una señal de una posición gubernamental de mayor alcance en dirección hacia la redefinición del papel del Estado en la economía. Es muy probable que a esta le sigan otras medidas que apunten a cambios de mayor profundidad en la participación del sector privado en las áreas consideradas estratégicas.
Si fuera así, y si con la sola promulgación de la reorganización ministerial ya se anuncian reacciones sociales y políticas, no es absurdo suponer que podrían venirse tiempos agitados. Cabe recordar que la relación Estado-mercado ha sido el eje de la contienda ideológica de las últimas tres décadas. Puede ser el inicio de una nueva coyuntura. (O)