En una de sus obras más emblemáticas denominada Corruption and the Decline of Rome (1988), Ramsay MacMullen, historiador y romanista estadounidense, decía sobre la corrupción lo siguiente: “Está claro que siempre han existido el soborno y los abusos. Pero para los siglos IV y V se habían convertido en la norma: ya no eran abusos dentro de un sistema, sino un sistema alternativo en sí mismo. El nexo del dinero se antepuso a cualquier otro vínculo. Todo se compraba y vendía: cargos públicos... acceso a las autoridades en todos los niveles, sobre todo al emperador”.
Conforme nos lo indica la Interpol en su página web, los efectos de la corrupción tienen un gran alcance: pueden socavar la estabilidad política, social y económica, y en última instancia, amenazar la seguridad de la sociedad en su conjunto. Es más, abona el terreno para que se lleven a cabo actividades en relación con la delincuencia organizada, toda vez que los delincuentes se ven favorecidos por la complicidad de funcionarios públicos corruptos.
Dicho lo anterior y conforme se puede apreciar fácilmente, desde el Imperio romano y ahora desde Odebrecht hasta Arroz Verde, pasando por la refinería del Pacífico y los INA Papers, y por supuesto, sin olvidarnos de las podredumbres contractuales que se dieron en Petroecuador durante el correato, el país asiste hoy a una nueva trama de corrupción que se estaría produciendo en el sector eléctrico y demás empresas públicas, que fue develada por un medio periodístico digital, que está siendo investigada por la Fiscalía General del Estado y que ha obligado al presidente de la República a solicitar al Ministerio del Interior y al Comandante General de la Policía Nacional que ubiquen urgentemente a quienes serían parte de este entramado de corrupción tanto en territorio nacional como pidiendo ayuda a la Interpol, en el evento de que hayan abandonado el país.
Si no se ataca este problema desde la raíz (...), estaremos condenados a convertirnos finalmente en un Estado fallido...
La convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, de la que Ecuador es parte, ha establecido que cada Estado debe adoptar medidas adecuadas para fomentar la participación activa de personas que no pertenezcan al sector público como la sociedad civil y las organizaciones con base en la comunidad, para ayudar en la prevención y la lucha contra la corrupción y para sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción, así como a la amenaza que esta representa, a través, por ejemplo, de realizar actividades de información pública para fomentar la intransigencia con la corrupción, así como programas de educación pública, incluidos programas escolares y universitarios. ¿Habrá hecho el Gobierno nacional algo respecto de esta obligación?
Si no se ataca este problema desde la raíz de forma inmediata y mancomunada (hogares, opinión pública, escuelas, colegios y universidades), estaremos condenados a convertirnos finalmente en un Estado fallido, que se explica cuando un Gobierno es incapaz de mantener el monopolio del uso legítimo de la fuerza para combatir la inseguridad y la corrupción. (O)