El 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, una fecha designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) para resaltar la importancia de prevenir y combatir este fenómeno, así como para destacar el papel fundamental de la Convención de la ONU contra la Corrupción (Uncac).

Recientemente se celebró el 20.º aniversario de la Convención, siendo este el único instrumento universal jurídicamente vinculante para enfrentar la corrupción, y del cual hacen parte 190 Estados, incluido Ecuador, que ratificó este instrumento el 15 de septiembre de 2005.

La Uncac no solo representa un marco fundamental para prevenir y penalizar la corrupción, promover la cooperación internacional, la recuperación y restitución de activos robados, la asistencia técnica y el intercambio de información, sino que también desempeña un papel crucial para el fortalecimiento de la integridad de los sistemas judiciales de todos los Estados parte.

Como bien sabemos, la corrupción tiene consecuencias directas en las instituciones estatales, y la falta de integridad y transparencia dentro de los sistemas judiciales supone una grave amenaza al Estado de derecho, además de debilitar la capacidad de estos para garantizar la protección de derechos y la lucha contra la impunidad.

En este marco, y subrayando la necesidad de que los poderes judiciales estén libres de corrupción y que sus miembros actúen con integridad, UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), entidad que represento en la región, impulsó la creación de una Red Mundial de Integridad Judicial, que facilita el intercambio de buenas prácticas y especialmente, que permite enfrentar de manera conjunta los retos relacionados con la integridad judicial y la prevención de la corrupción.

Los resultados alcanzados hasta el momento han permitido fortalecer los sistemas judiciales, pero aún persisten grandes desafíos impuestos por el crimen organizado, que, a través de la corrupción, ha perfeccionado sus tácticas para infiltrarse en las instituciones gubernamentales y manipular a aquellos que deberían salvaguardar la ley y el orden.

En Ecuador, UNODC ha venido trabajando articuladamente en iniciativas enmarcadas en el fortalecimiento de capacidades sobre independencia judicial, integridad y ética, justicia abierta y especialmente sobre canales de denuncia de posibles actos de corrupción y mecanismos de protección de denunciantes.

Estos esfuerzos permiten identificar riesgos específicos a nivel institucional e individual, proponiendo recomendaciones concretas y un plan de acción para abordar los riesgos identificados que permitan robustecer las capacidades y prevenir, desde un marco integral, cualquier hecho de corrupción.

Si bien el Ecuador y toda la región avanzan en medidas importantes para la aceleración en la implementación de la Convención, hoy se hace necesario un compromiso real y compartido que le apueste a la adopción de medidas conjuntas que promuevan y fortalezcan la cooperación internacional. (O)

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