El acceso libre a las universidades públicas como oferta de campaña es más falso que los once decretos de estado de excepción adoptados para “controlar el descontrol” de las cárceles. Comparación nada antojadiza ante la actual situación social convulsa que vive este “País del Encuentro”.
Desde ayer, 19.970 jóvenes azuayos –en una jornada de exámenes de ingreso que se prolongará hasta mañana viernes– buscan uno de los cuatro mil cupos disponibles para un total de 53 carreras existentes en sus doce facultades. Y sí, efectivamente, todos los candidatos que hablan del libre acceso a la universidad pública mienten sin descaro, sin vergüenza, sin compasión. Y lo que ocurre en el sistema público de educación cuencano se replica en todo el país: las cifras de la oferta no se compadecen con la verdadera demanda de una juventud que termina empujada a la incertidumbre, el desempleo y la migración. Y por recomendación del excelentísimo Lasso, a filas de la Policía y el Ejército.
En el caso de los postulantes azuayos, las cifras de su composición ilustran en específico un tejido vulnerable que también evidencia la compleja realidad socioeconómica del Austro ecuatoriano: el 57 por ciento de los casi 20.000 aspirantes inscritos son mujeres; el 67 por ciento proviene del área urbana y el restante del sector rural. Más o menos la misma composición de la población migrante promovida especialmente en los dos últimos años.
(...) todos los candidatos que hablan del libre acceso a la universidad pública mienten sin descaro...
El diagnóstico de la educación pública, escuelas politécnicas y universidades cofinanciadas no debe obviar los recortes presupuestarios aplicados en los gobiernos de Moreno y Lasso: entre el 2021 y el 2022 se aplicó un recorte presupuestario del 11,5 por ciento (unos 140 millones de dólares menos) y a renglón seguido se nos entregó la responsabilidad de organizar los procesos de admisión con todos los costes que aquello representaba.
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Para el 2022 las cifras oficiales reveladas en la prensa nacional apuntaban que “En el caso de la Universidad Central, el presupuesto pasa de $ 148,95 millones a $ 120,19 millones… la Universidad de Guayaquil baja de $ 135,79 millones a $ 119,21 millones… la Universidad de Cuenca de $ 82,36 millones a $ 66,71 millones. “Para las universidades cofinanciadas, como la Universidad Católica del Ecuador, Universidad del Azuay, UTE, entre otras, los recursos pasan de $ 58,26 millones a $ 54,27 millones”.
De regreso al ámbito electoral, con toda esta evidencia, escuchar las ofertas de libre acceso a la educación pública más que una falacia es una muestra de ausencia de compasión con las expectativas de los nuevos bachilleres vistos –por los candidatos mentirosos– como cifras que elevan sus posibilidades de acceder al poder. Como ha sido siempre.
No de ahora, sino de siempre, el baratillo de las ofertas electorales ha estado siempre en los terrenos de lo irreal, ni siquiera de lo ideal. Groseras ofertas que se burlan de la desesperanza de un pueblo que se quedó sin norte y sin opción, y al que le mienten con lo de “soberano” y “mandante”.
Para ellos seremos solamente los votos que les dan el acceso al poder. Nada más. (O)
