Funcionó bien la estrategia del Gobierno de no vetar totalmente el proyecto de nueva ley mordaza que había aprobado la actual Asamblea. Como se recordará, una parte de ese proyecto fue derivado a la Corte Constitucional para que examine ciertas disposiciones que constituían verdaderas barbaridades. Y otra parte del proyecto fue vetada por inconveniente, proponiendo textos sustitutivos acordes con los postulados de efectiva vigencia de la libertad de expresión. La sentencia de la Corte (juez ponente, Dr. Enrique Herrería) es de las mejores decisiones que se han tomado en esta materia por el alto tribunal, incluyendo el valioso voto de la Dra. Daniela Salazar que profundiza más ciertos aspectos de este derecho fundamental. Y con respecto al veto parcial del presidente Lasso, la Asamblea –según se conoció la semana pasada– no pudo vencerlo, es decir, el correísmo no logró los votos necesarios para insistir en su original texto, con lo cual entrará en vigor la versión preparada por el Ejecutivo. Este último, por su parte, no cayó en la tentación promovida por algunas voces que planteaban que esta nueva ley mordaza sea vetada totalmente. Sonaba atractivo eso del “veto total”, ciertamente. Pero el riesgo de lo que podría suceder luego de un año, que es el plazo que tiene la Asamblea para derribar un veto total, era muy peligroso. El camino que se siguió tuvo, además, la ventaja de permitir que la Corte Constitucional entre en escena y pueda, como en efecto lo hizo, dar un aporte que, por la naturaleza que tienen las sentencias constitucionales, va a tener un efecto de gran importancia para el futuro. Ahora resta expedir el respectivo reglamento, el que, como todo reglamento, está llamado a colaborar en la aplicación de la nueva ley, y en el cual necesariamente deberá tenerse en cuenta la referida sentencia.

Solamente cuando llegamos a perder nuestros derechos es cuando los llegamos a valorar.

Este episodio es más importante de lo que podría parecer. Lamentablemente, tendemos a olvidar rápidamente las tragedias que nos afectan como sociedad. No debemos jamás olvidar que el enjambre jurídico y burocrático que armó el correísmo para amordazar a todos los ciudadanos y no solo a la prensa fue la piedra angular de su dictadura. Las tiranías saben que amordazada la libertad de expresión, su camino para la opresión se hace muy sencillo. Sin libertad de expresión a los ciudadanos se les hace casi imposible reclamar por sus derechos y defenderse de los abusos. Esa atmósfera de terror que inyectó Correa a la sociedad, gracias a su política de persecución, insultos, mentiras y demandas en contra de periodistas, les facilitó a él y a su pandilla asaltar a las arcas fiscales como nunca antes había sucedido en nuestra historia. Un régimen corrupto necesita amordazar a la prensa libre. Y eso fue lo que Correa se propuso y en buena parte lo logró. Hoy parece que todo esto quedó en el olvido, en parte por el ambiente de tolerancia que se respira en la actualidad, pero también en parte por nuestra frágil memoria colectiva. Solamente cuando llegamos a perder nuestros derechos es cuando los llegamos a valorar. Claro que nos falta mucho para fortalecer la libertad de expresión en nuestro país, amenazada ahora por el fenómeno de fake news, entre otros. Pero la tormenta que provocó el corrupto régimen correísta parece haber quedado atrás. (O)