Que la Corte Constitucional, CC, debe quedar sujeta a control político no cabe la menor duda. Su calidad de magistrados inapelables e infalibles fue uno de tantos desatinos de la Constitución de Montecristi (desde 2008). Basta recordar su responsabilidad en la fraudulenta convocatoria a la consulta popular para el cierre del campo ITT que se efectuó en simultáneo con la muerte cruzada en 2023. No importó que la Asamblea Nacional en 2013, a pedido de la Presidencia de la República –y de forma excepcional según lo prescrito en el artículo 407 de la Constitución– autorizara su desarrollo.
Desconoció la resolución emanada del primer poder del Estado, así como el derecho adquirido por parte de Petroecuador, que gastó una millonada para construir el proyecto. Y como guinda del pastel, dio paso a la consulta con una pregunta vieja que una década después no reflejaba la realidad en territorio. Por otra parte, jamás debió ser de ámbito nacional sino local, tal como sucedió en el caso de la minería metálica del Chocó Andino.
En consecuencia, se consumó por parte de la Corte, cuya mayoría de jueces sigue en funciones, una defraudación que ha quedado impune merced a que no tienen que rendir cuentas a nadie. Por eso ahora cuando el presidente Daniel Noboa la amenaza con “soltarle al pueblo”, frase acuñada por José María Velasco Ibarra, no cabe tanto sobresalto. Sin entrar en particularidades sobre los contenidos objetados de las leyes de Inteligencia, Solidaridad e Integridad, su actuación recurrente ha estado marcada por una carga de prejuicio y sesgo ideológico de carácter progre. La pena, claro está, es que el Gobierno no haya incluido en el listado de preguntas de la próxima consulta aquella del ITT solo para el cantón o a lo mucho la provincia de Orellana.
Las sombras del pasado se proyectan sobre varios ámbitos de la vida pública, siendo el sector de energía uno de los más delicados. Recientemente Cenace (Centro Nacional de Control de Energía) presentó al Ministerio de Energía y Minas un informe según el cual se hace un pronóstico de los escenarios de déficit eléctrico en los periodos de estiaje (septiembre-marzo) a mediano plazo, considerando todas las variables posibles. Y si bien es de bajo riesgo en 2025-2026, aumenta de modo preocupante en los años venideros.
Un dato que guarda concordancia con la evidente dificultad que tiene el Gobierno de cumplir su oferta de habilitar 979 MW de energía termoeléctrica hasta fin de año. Los números no cuadran debido a que fracasaron los 241 MW de los contratos de Progen y Austral, por circunstancias ampliamente conocidas, y el segundo concurso de alquiler de 260 MW; mientras que la recuperación del parque obsoleto dista de la meta de 403 MW, a la vez que el incremento de la generación de 75 MW en Termogás Machala depende del aumento de la producción de gas natural en Campo Amistad que va a demorar.
Todo se reduce a que el modelo de desarrollo del sector eléctrico –además del petrolero– tendrá que ser sometido no a un proceso de cambio gradual sino radical. La fusión de ministerios y el despido de empleados de empresas públicas parece el comienzo. (O)
