En Quito, cuando Pabel Muñoz y Paola Pabón se posesionaron como alcalde de la capital y prefecta de Pichincha, respectivamente, uno de los vítores de la concurrencia fue “Paola y Pabel, la voz de Rafael”. La masa grita cualquier cosa y también lo que se le obliga, de modo que allá ellos si los fanáticos de la Revolución Ciudadana ven la encarnación de Correa en cada individuo de su movimiento que conquista una parcela de poder (ambas autoridades correístas consiguieron cerca del 30 % del voto del electorado). Pero lo preocupante es que las nuevas autoridades señalen a Correa como su norte de la gestión política.

En este momento, ¿quién es Correa? Es un prófugo de la justicia: alguien que ha sido hallado culpable de delitos tipificados en la ley y que, para evitar ir a la cárcel, ha evadido los controles de la justicia. Este es el Correa de hoy. ¿Qué pirueta mental hacen, entonces, unas autoridades locales para cobijarse sin ningún sonrojo a la sombra de un sentenciado? ¿Qué clase de políticos son esos que, sin tomar en cuenta los pronunciamientos de la justicia, crean su propia realidad, una en la que Correa supuestamente condujo la experiencia histórica más importante del país en su vida republicana? ¿Son confiables esos políticos que niegan así la realidad?

En Guayaquil, Aquiles Alvarez y Marcela Aguiñaga son, respectivamente, con cerca del 40 % y el 35 % de los votos, el alcalde del puerto y la prefecta del Guayas. Ellos mostraron en la campaña electoral su obediencia a Correa. En el caso de Aguiñaga, ella ha sido también una coadyuvante en las administraciones de Correa. ¿Tampoco ellos se han enterado del mecanismo de corrupción que montó la Revolución Ciudadana como organización? ¿Qué será para Muñoz, Pabón, Alvarez y Aguiñaga –las autoridades de dos polos regionales importantísimos en el Ecuador– ostentar el cargo que tienen? ¿Lo verán como la oportunidad para reivindicar a un prófugo?

(...) respeto por la ley para no ser las voces de Rafael, el prófugo, sino asumir las suyas propias.

¿Serán las alcaldías y prefecturas que comandarán en los próximos años un espacio para estimular el desarrollo de esas comunidades o serán un mero instrumento politiquero para favorecer, por distintas vías, la absolución de su líder? ¿Pueden ser capaces de sopesar el daño que para la institucionalidad democrática del país trajo el correísmo, del que, con excepción de Alvarez, fueron personajes principales y corresponsables? ¿Cómo logran deslindarse de los mecanismos empleados por la Revolución Ciudadana –represión y autoritarismo–, que ideó un esquema perverso cuya existencia es inobjetable?

Las nuevas autoridades encaran desafíos en sus regiones. Como en el resto del país, Quito, Guayaquil, Pichincha y Guayas son comunidades con graves problemas de provisión de servicios, de necesidades desatendidas, de grandes insatisfacciones; son lugares que necesitan de políticos con una capacidad suficiente para racionalizar el gasto público, emprender obras sustantivas y reconstruir espacios de convivencia en los que se preserve la vida de las personas y se le asegure a la población ciertos niveles de equidad. Y también respeto por la ley para no ser las voces de Rafael, el prófugo, sino asumir las suyas propias. (O)