La increíble decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar por medio año las elecciones de los dignatarios de los entes seccionales es el más reciente capítulo de la pendiente de arbitrariedad por la que rueda el Ecuador. El sustento para la decisión sería un par de reportajes del diario The New York Times en los que se comentan las probabilidades de que surja nuevamente el fenómeno de El Niño y los efectos que ello tendría en los Estados Unidos. Lo asombroso es que los reportajes dicen lo opuesto a lo que acá señalan.
De lo que el diario alerta es de que probablemente el citado fenómeno aparezca en el verano del presente año, no durante el próximo año. “El Niño may be back this summer”, dice el titular de uno de esos reportajes (edición del 12 de febrero de 2026). En español: “El Niño quizás regrese este verano”, es decir, casi un año antes que las elecciones seccionales previstas originalmente por el CNE para febrero de 2027. El diario incluye comentarios de científicos que cuestionan esa predicción.
¿Es esto suficiente para que el CNE viole la ley y dicte semejante resolución? No es una coincidencia que, cuando se les preguntó a representantes de ese organismo cuál es la base legal para su decisión, no pudieron responder. El que sobre ese organismo recaiga la facultad de “organizar” los comicios no lo autoriza a hacer lo que ha hecho. La ley no deja lugar a dudas con respecto a que, en tratándose de la renovación de las autoridades seccionales, la posesión de ellas tendrá lugar en marzo del año en que son votadas.
Pero lo más pernicioso de todo esto es decirnos que la Corte Constitucional no puede revisar la constitucionalidad de esta resolución pues, supuestamente, durante el periodo electoral resoluciones como esta están libres del escrutinio constitucional. Es decir, si mañana el CNE resuelve modificar la edad para elegir o negarles el derecho a votar a personas de determinada raza, ¿nada puede hacer la Corte Constitucional? ¡Por favor!
Como si lo anterior no fuera suficiente, rematan semejante absurdo con otro peor como es el decir que, si la Corte Constitucional (CC) llegase a controlar la constitucionalidad de la comentada resolución, los vocales del CNE podrían destituir a los jueces constitucionales. El CNE resulta así una suerte de monarquía celestial, libre de todo control, sentada allá por encima de la Constitución y la ley. Ya no solo se trata entonces de desconocer el idioma inglés. El problema es más serio. La amenaza que se ha hecho en contra del máximo órgano de control constitucional es un atentado al sistema democrático, pues ignora el principio de separación y contrapeso de poderes, socava la independencia de la CC –tribunal que hay que defender a pesar de sus falencias–, echa al traste la supremacía de nuestra carta magna y –lo más grave– fomenta una cultura de ilegalidad que nos condena como una nación de salvajes.
Muchos de los que hoy aplauden ciegamente esta cascada de abusos ayer se quejaban de Correa y su pandilla por cometer iguales atropellos; dan la impresión de que desean que se instale una nueva corte cervecera, una que no les estorbe, que les sirva de simple alfombra. El CNE debe rectificar y, de no hacerlo, la Corte Constitucional no solo que puede, sino que tiene el deber de enmendar el entuerto. (O)