En Ecuador, la política de seguridad se parece a esos gimnasios que ofrecen “resultados en 30 días”: promesas musculares, fotos épicas, y poca conversación sobre tendones, disciplina y fisiología. Aquí el eslogan es “mano dura”. Y claro: cuando el país registra cifras récord de homicidios y escenas que rozan lo medieval, la tentación de convertir el Estado en un puño es comprensible.
Pero un puño no es una estrategia. Y, peor aún, un puño sin cerebro suele ser otra forma de fracaso.
La pregunta incómoda —la única que vale una columna semanal— no es si hace falta firmeza. Es si sabemos ejercerla con inteligencia. Porque la fuerza bruta sin diseño institucional se vuelve teatro: produce titulares, no resultados. Y a estas alturas, el país ya agotó su cupo de teatro.
Llamemos “mano inteligente” a lo que casi nunca vendemos en campaña: usar la fuerza legítima con prioridades claras, información, coordinación y controles. Ecuador no enfrenta simple delincuencia con esteroides, sino economías criminales conectadas a puertos, rutas transnacionales, lavado de activos y corrupción local. Eso no se derrota solo con patrullaje y frases de hierro: se derrota con Estado.
La mano inteligente empieza donde la política prefiere no mirar: las cárceles. Si el Estado no gobierna la prisión, la prisión gobierna la violencia afuera. Recuperar control penitenciario no es una escena de acción: es inteligencia carcelaria, personal formado, tecnología, reglas, supervisión civil y transparencia. Sin eso, cambiamos el uniforme del problema y lo declaramos resuelto por decreto.
La mano inteligente también se juega en la justicia y el dinero. El crimen organizado funciona como empresa: invierte, terceriza y lava. Perseguir solo al “soldado” es arrancar hojas mientras la raíz se ríe. El objetivo debe ser desmantelar redes, encarecer mercados ilegales, intervenir puertos, perseguir testaferros y confiscar activos. Hacer que el delito deje de ser rentable.
Y hay un gesto casi revolucionario: medir. La seguridad no se evalúa por cantidad de operativos, sino por resultados verificables: dónde baja la violencia, por qué baja, qué medidas funcionan y cuáles solo desplazan el daño. Sin indicadores públicos, la seguridad se vuelve un acto de fe. Y la fe no reemplaza la política pública.
Firmeza, sí. Pero con límites. La excepción puede ser necesaria en momentos críticos; convertida en rutina, degrada el Estado de derecho, normaliza opacidad y erosiona confianza. Un Estado que no se controla a sí mismo termina pareciéndose demasiado a aquello que promete combatir.
La prevención tampoco es cursilería: es cortar el flujo de reclutamiento en territorios abandonados, escuelas rotas y economías familiares sin salida. Si no reducimos ese caudal, la represión se vuelve cinta caminadora: capturas hoy, reemplazos mañana.
En un país con recursos escasos, el teatro es carísimo. La mano inteligente no promete “30 días”. Promete algo más serio: resultados sostenibles y compatibles con la democracia que decimos querer salvar. Menos épica, más Estado. Menos puño, más cerebro. (O)