Medios de comunicación, muchos periodistas y analistas, actores políticos, hablan de la falta de ejecución presupuestaria. El consenso mayoritario es que existe una enorme incapacidad del Gobierno para ejecutar.

Más allá de las muchas fallas de gestión que se han dado, y que es especialmente notable en la gran inestabilidad de Petroecuador, y de otras empresas claves del estado, es menester que hagamos un análisis más profundo sobre este tema.

La gran confusión que existe en el país es creer que una partida significa que hay fondos. Para que todos entendamos esto mejor voy a utilizar un ejemplo. Alguien hace una reserva para un viaje al caribe: reserva hotel, reserva pasajes, y reserva un crucero por las islas. Llega el momento de hacer efectiva la reserva, esto es ejecutar la reserva, y resulta que el sujeto no tiene plata en sus cuentas, no tiene cupo en las tarjetas de crédito y nadie le quiere prestar dinero. El resultado es obvio: esa persona no se va al Caribe, no vuela en el avión, no usa el hotel ni toma el crucero.

Esa es la decisión lógica y además forzosa. No hay otra opción. En materia presupuestaria, sucede exactamente lo mismo. Se planifica un presupuesto, se incluyen unas posibles obras, unos posibles gastos e inversiones, pero si al momento de ejecutar no hay plata en la tesorería, entonces no se ejecuta y punto.

El país no entiende que el nivel de gasto es mayor a los ingresos. El país no entiende que el presupuesto “succiona” todo lo que más puede de Petroecuador, de CNT, de la Dirección de Aviación Civil, de las superintendencias de bancos y de compañías, etcétera. Es decir, de donde puede recoge dinero, porque los ingresos no le alcanzan para los gastos, y porque los gastos tienen un despilfarro fundamentalmente en subsidios regresivos, que a quienes menos van es a los pobres.

Entre enero y mayo del presente año, el presupuesto devengado, esto es “ejecutado” tiene un saldo de 9.759 millones de dólares. Pero lo que la caja fiscal ha pagado de esos gastos ya incurridos, de esos gastos ya realizados, es apenas 8.543, es decir, se están debiendo 1.216 millones. A su vez, la caja fiscal tenía al 31 de mayo 453 millones depositados en el Banco Central, pero una gran mayoría de ese saldo, está en unos fideicomisos para atender un préstamo especial de vivienda popular que se tomó con el aval del BID, y que por lo tanto tiene ese condicionamiento. En otras palabras, la caja está casi en cero, no hay liquidez, no hay recursos para ejecutar más.

Entre enero y mayo, los ingresos petroleros han caído, en comparación al 2022, de 1.822 a 756 millones en cuanto al presupuesto se refiere, y los tributarios, de 6.780 a 6.608. Por lo tanto, la caída de los ingresos es de 850 millones de dólares, mientras que en igual periodo los gastos corrientes han subido en 1.492 millones. Por lo tanto, entre la disminución de los ingresos y el aumento del gasto corriente hay un desbalance de 2.742 millones de dólares. Si a esto sumamos que el gasto de capital e inversión ha subido en 408 millones, hay un “hueco” de más de 3.000 millones comparado con el año anterior. ¿Cómo se puede entonces decir bájenme impuestos, manténganme los subsidios y al mismo tiempo haga más inversión?

El problema fiscal ecuatoriano es sumamente serio, lo ha venido siendo por muchos años, desde que el gasto público consolidado fue llevado del 23 % del PIB en el año 2006 hasta el 42 % del PIB en el año 2015. Un aumento sencillamente demencial. Y hoy, sin analizar estas realidades, y estos números, es absolutamente ridículo pedir más ejecución presupuestaria, como sería ridículo exigirle al sujeto del ejemplo del inicio de este artículo que haga su viaje al Caribe.

Los candidatos seguramente hablarán de la falta de ejecución presupuestaria. No hablarán que los subsidios se comen al presupuesto. No hablarán sobre reducir el personal del estado. No hablarán que el sistema de pensiones se tiene que resolver. Esas cosas no dan votos, pero si esas cosas no se tratan porque no dan votos, la crisis económica bota, no en las urnas pero sí en las calles.

El gobierno de transición debería tener una meta fundamental: Hacer entender al país la gravedad de una crisis que se ha gestado en décadas de mantener distorsiones gigantescas y estructurales, y producir ese acuerdo nacional para comenzar a solucionarlas, pues de no ser así, no tendremos viabilidad fiscal, y por ende no habrá viabilidad económica, ni política ni social. (O)