Para salir del círculo vicioso y entrar en una etapa virtuosa, de sensatez y responsabilidad, se requiere entender las necesidades urgentes que tiene el país y emprender los cambios estructurales que urgen su aprobación.

Hoy el debate es alrededor de los temas planteados inicialmente por el primer mandatario para una próxima consulta popular con siete preguntas, que pudieran ser más. Partiendo del hecho de la necesidad de los cambios, hay que estar conscientes d que siendo importantes y necesarias, ni las nuevas leyes ni las reformas constitucionales y legales arreglarán los problemas de fondo si primero no hay un cambio de actitud de todos, gobernantes y gobernados. Por cierto, con el ejemplo de las élites y los dirigentes e integrantes de las funciones e instituciones del Estado.

Si siguen violando las normas, haciendo tabla rasa de las disposiciones legales y constitucionales, poco servirán los cambios. El Ecuador resulta casi ingobernable por la actitud que asumen de oponerse a todo, de poner obstáculos a los cambios y de querer mantenerle al país en las condiciones del subdesarrollo.

Por principio, hay que defender la institucionalidad, muy venida a menos, que debiera ser fortalecida con desprendimientos de los sectores que solo buscan su acomodo. El gobierno ha cometido errores al no escuchar voces responsables de reconocidos juristas y constitucionalistas y ahora tiene que enfrentar los dictámenes de la Corte Constitucional.

Hasta hoy, cuando aún se desconocen todos los contenidos y los anexos para la consulta popular, solo la primera pregunta está concluido el trámite y habilitada, que se relaciona con la reforma al artículo 5 de la Constitución sobre la necesaria ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas.

Hay preguntas polémicas y cuestionadas (el planteamiento del juzgamiento político de los jueces de la CC), pero también otras que resultan populares, dado el desprestigio de la clase política, de la reducción del número de asambleístas y de la reforma a los artículos 110 y 115 de la Constitución que elimina el financiamiento del Estado a las organizaciones políticas.

Otra que constituye un clamor es la eliminación del desprestigiado CPCCS, sobre lo que no hay dudas, pero el camino escogido de la enmienda ha generado cuestionamientos que pudieran hacer tropezar la propuesta en la CC.

La CC tiene un papel fundamental en el control constitucional, pero también ha cometido fallas a través de sentencias y dictámenes cuestionados que evidenciaron sesgos políticos, como la aprobación del matrimonio igualitario cuando la Constitución, artículo 67, habla del matrimonio entre un hombre y una mujer, o cuando ordenó la creación de comisiones de las funciones del Estado para analizar el conflicto armado interno, que incluso fue rechazado por tres jueces constitucionales que salvaron sus votos. Los jueces con sensatez y seriedad debieran acompañar al país y entender el momento difícil que se vive por el conflicto armado interno.

Más allá de estos temas planteados, expertos consideran que esas preguntas, por importantes que sean, no van a solucionar los problemas de fondo económicos y sociales, tampoco el clamor por mejorar la cuestionada administración de justicia, más aún cuando existe una clase política mediocre y poco colaborativa para impulsar los cambios. (O)