Durante tres semanas se ha mantenido la virtual paralización del bombeo de petróleo que debería reanudarse pronto. Pero la seguridad del transporte de crudo continuará siendo precaria en los encaramados desfiladeros del río Coca. La obra de reparación que ha venido cumpliendo los operarios de Petroecuador, PEC, trabajando en condiciones de lluvia severa con el precipicio cerca, es digna de aplauso.

El problema de fondo es que si el Estado no garantiza el transporte seguro de los hidrocarburos por el SOTE y OCP, es muy probable que las inversiones necesarias para el incremento de la producción por parte de las operadoras/concesionarias privadas se vean refrenadas, más de lo que están por otros factores.

De acuerdo con información del Ministerio de Energía y Minas, MEM, hay 17 renovaciones de contratos pendientes. 10 en el MEM y siete en PEC, cuyo monto de inversión asciende a 1.377 millones de dólares. Esta ejecución era fundamental para alcanzar el aumento de la producción en 100 mil barriles diarios, bpd, en 2025 pero debido a los atrasos esto no será posible. La nueva meta es incrementar a 150 mil bpd hasta final de 2026.

En el caso de los contratos bajo responsabilidad del MEM uno de los mayores problemas es el informe de sostenibilidad fiscal que tiene que emitir el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, que se ha vuelto un verdadero nudo gordiano para la industria petrolera. Más aún considerando que en su gran mayoría ni siquiera hay de por medio deducibles fiscales. Pero el trámite demanda, innecesariamente, entre 7 y 9 meses.

En el caso de Petroecuador, el problema radica en que cada uno de los 22 bloques que opera se mantiene como un “activo” aparte y tiene cada cual eventualmente su propio grupo negociador que se desarticula cada vez que hay un cambio de autoridades, lo que es frecuente. Por tanto, se ha pensado en centralizar esta tarea con un equipo de negociadores único que podría resultar más funcional.

El problema de los licenciamientos ambientales es un capítulo aparte. Conforme a un reporte enviado por el Viceministerio de Hidrocarburos a la Presidencia de la República hay siete corporativos con interés de desarrollar nuevos campos en bloques que han sido concesionados por el MEM que suponen una inversión adicional de 916 millones de dólares para incrementar la producción en otros 130 mil barriles en los próximos dos años. Pero este proceso se ha vuelto otro cuello de botella al demandar, otra vez innecesariamente, entre dos y tres años en promedio.

Esto quiere decir que sin considerar otros tantos proyectos como la concesión del campo Sacha, los bloques 16 y 67 antes Repsol, en el Oriente, o los bloques del golfo de Guayaquil, hay un potencial enorme por desarrollar, que puede convertirse en el motor del crecimiento sostenido que el Ecuador necesita para salir de su estado de postración.

Aunque el punto de partida para el cambio es solucionar de forma permanente el grave problema de transportación del crudo, mediante la construcción de la variante del SOTE y OCP por el margen derecho del río Coca, que debería estar operativa en 2026. (O)