Han transcurrido varios años desde que nos referimos por vez primera a la dilación de pago que caracteriza la azarosa vida de los cañicultores, en el afán de ofrecer materia prima para la elaboración de azúcar, de gran consumo industrial, fuente de empleo y razón de ahorro de divisas al frenar importaciones y aportar algo por exportación, fundamental para la obtención de etanol con un futuro promisorio y grandes posibilidades de desarrollo en nuevas áreas de siembra que podrían incorporarse en algunas provincias del país. Es esencial en la gran cadena de valor que ha logrado significativos avances productivos cruzando el umbral de la autosuficiencia y exportación. Es el eslabón más débil del que depende su éxito; sin embargo, continúa recibiendo un incomprensible e injusto trato, registrándose periodos de detención de pago del jugoso tallo, con duración de 8 y 9 meses, alentando prácticas comerciales catalogadas como desleales.
Es un ejemplo de oligopsonio, donde solo tres grandes compradores absorben el 90 % de las cosechas de cientos de insatisfechos agricultores, incluyendo el 60 % de producción industrial propia, con cañaverales ubicados equidistantemente a los centros de molienda en un radio no mayor a 30 kilómetros, fuera de esa distancia el transporte se torna costoso y logísticamente oneroso, eso configura un aberrante esquema monopolista en que los agricultores grandes, medianos y pequeños no tienen otra opción sino entregar su recolección a la más cercana fábrica que además impone una cosecha mecanizada que se convierte en elemento despótico de control y presión, del que es imposible liberarse, no hay alternativa de venta, o se entrega al único acopiador o se queda la caña en pie impidiendo las inmediatas labores para nuevos ciclos. Es un descriptivo caso de oligopolio que se transforma en un aterrador monopolio que se rige por sus propias reglas, con excepción de un solo ingenio que ha tenido una conducta más condescendiente.
Es un típico caso en que las leyes agrarias no son suficientes y las pocas normas vigentes se irrespetan indolentemente, sin observar un acuerdo ministerial que determina un precio mínimo, que queda en el olvido, con pago a plazo razonable, aun cuando el blanco edulcorante se vende al contado, sin que exista competencia de importaciones pues el valor internacional es superior, no habiendo razón ni motivo para dejar de compensar el trabajo a los cañeros luego de la recepción y análisis de calidad del contenido de sacarosa realizado sin participación de los agricultores, quienes se quejan de inconsistencias, agregando descuentos unilaterales por impurezas, resultantes de la recolección con máquina efectuada por los propios industrializadores.
Es inexplicable que las autoridades no obliguen su respeto, daría la impresión de que se teme disgustar al poder omnímodo, sin entender que el jefe de Estado ha expresado su compromiso con los débiles que abona su creciente credibilidad empañada por estos hechos que sin duda desconoce, de lo contrario hubiese puesto fin a este largo e interminable vía crucis que sufre un laborioso segmento agrícola. (O)
