Un influencer peruano famoso, famosísimo en TikTok, que se construyó una imagen de experto en inversiones y negocios digitales, está enfrentando la justicia ahora mismo por acusaciones de presuntas estafas millonarias, al promover inversiones con altos retornos de intereses que, según sus acusadores, nunca fueron pagados. Con el atractivo de dar rentabilidades del 10 % mensual y hasta el 120 % anual, recogió montos que, en algunos casos, bordean los $ 12.000.
Déjà vu. Sí, esto ya lo vivimos por acá, pero en lugar de que haya sido en la red TikTok fue por acciones personales en tétricas oficinas como la del notario de Machala, en donde se encontró hasta en los baños parte de lo recaudado en una pirámide financiera. El influencer peruano, tiktoker “experto en finanzas”, a diferencia del notario ecuatoriano que murió abruptamente, habría adquirido un departamento y un auto de lujo con fondos entregados por incautos seguidores.
Lo interesante es que en el vecino país este caso ha motivado la presentación en su legislatura de un proyecto de ley que pretende fiscalizar a los influencers y que entre sus puntos más relevantes establece que a estos autodenominados creadores de contenido se les exija título profesional o certificado oficial que acredite su especialización en la materia sobre la cual estén difundiendo el mentado contenido.
Déjà vu nuevamente. Sí, semanas atrás leí sobre una propuesta similar, pero planteada por el presidente Xi Jinping, en la China comunista, donde también están proliferando los influencers sabelotodo y causan daños a incautos que siguen sus instrucciones como seguían los roedores al flautista de Hamelin: incluso hasta el barranco.
¿Coincidencias en Pascuales?, como decía una querida comediante de nuestra televisión añeja. No. Parece ser una tendencia que parte de una necesidad imperiosa de poner coto a las fake news y los falsos profetas de las redes sociales. En el caso de China, este puede ser un excelente pretexto para implantar a los influencers acciones de control características de ese régimen. Mejor miremos el caso peruano, más cercano, con un proyecto que plantea multas de hasta 8.000 dólares y suspensión de trabajo digital hasta por un año.
El proyecto propone sancionar la difusión de información sobre falsos tratamientos de enfermedades, algunas dietas sin sustento médico, así como formas de inversión que pongan en riesgo el patrimonio, que induzcan al delito o infracciones.
La lista de pedidos a cumplir es larga: desarrollar sus actividades informando veraz y objetivamente sobre los asuntos de su especialidad; publicar contenidos respetando el marco constitucional y legal vigentes; verificar previamente la información a difundir; citar la referencia o fuente de información que utilizan; señalar si el anuncio es retribuido, gratuito o se trata de colaboración pagada; precisar cuándo es una opinión o un hecho corroborado. ¿Podrían nuestros influencers, de cualquier red, cumplir estos requisitos? ¿Podrían convertirse en comunicadores respetuosos y respetables ante la intimidad de los ciudadanos? La ola que empuja estos controles está ya frente a nuestras costas. (O)