En un reciente taller de análisis de la coyuntura, promovido por un grupo de organizaciones sociales encabezado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, se ha constatado la deplorable no-vigencia de tales derechos para la mayoría de los ecuatorianos.

Empieza el recuento con el derecho a la vida, miles de veces vulnerado por actos que van desde las masacres en las cárceles a la violencia extendida a ciudades y campos sin que las instituciones públicas encargadas de velar por la seguridad ciudadana atinen a controlarla. Va por la multiplicación incontrolable de femicidios, sigue por los estragos que causa el notable aumento de la desnutrición infantil y la escandalosa desatención a la salud en los hospitales públicos por falta de medicamentos e insumos. No menos notoria es la situación del derecho a la libertad, afectado principalmente por el descalabro del sistema de justicia que apresuradamente encarcela a inocentes o a sospechosos o autores de infracciones leves merecedoras de penas también leves que tengan carácter rehabilitador, congestionando así las cárceles con perniciosas consecuencias.

El derecho a la educación parece estar reservado a quienes tienen recursos económicos para pagarla en buenos establecimientos privados. El sistema público sigue de bajada, no cubre la totalidad de la población que debe disfrutarlo, los planes y programas no son apropiados, los locales son insuficientes e inapropiados.

Es larga la lista de omisiones culposas del Estado respecto de su obligación primordial de “garantizar… el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales” relativos. Lo invito, estimado lector, a que revise la injustamente denostada Constitución, especialmente el nutrido catálogo de derechos que contiene. Al revés de lo que afirman sus detractores, es una pieza jurídico-política magnífica, una de las más actualizadas y mejores del mundo, que todos los ciudadanos debemos defender; los defectos o errores que contiene pueden ser corregidos siguiendo los procedimiento señalados en ella, pero no derogarla o remplazarla por otra del pasado fuera de contexto histórico. En el taller citado se constató un gran vacío no achacable mayormente al Estado sino a omisión ciudadana: la falta de desarrollo de una cultura de derechos humanos que sirva de base a una democracia sólida y estable, marco indispensable para que los diversos segmentos de la sociedad ecuatoriana tengan pleno disfrute de sus derechos en un ambiente de paz, equidad, libertad y seguridad. El vacío debemos llenarlo nosotros, los ciudadanos, convenientemente organizados en cualquiera de las formas que escojamos libremente para ello siguiendo lo establecido en el art. 96 de la CPE. En el aniversario 78 de ese extraordinario documento fundacional que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos les sugiero que hagamos una larga y profunda reflexión sobre este tema y nos pongamos a trabajar en su cumplimiento efectivo junto con los miles de ciudadanos que ya lo están haciendo en Guayaquil, el Ecuador y el mundo. (O)