Regresemos el tiempo 20 años atrás. Ecuador vivía una realidad petrolera muy distinta. En nuestros campos operaban algunas de las compañías más importantes del mundo: Occidental, Perenco, Burlington. Estas compañías trabajaban bajo contratos de participación. El Estado les había delegado la administración de ciertos bloques y, como contraprestación, las compañías “participaban” en las utilidades de la venta de crudo. El Estado recibía más ingresos y las empresas tenían incentivos para invertir, explorar y producir más. Era un esquema que permitía que el riesgo lo asumiera quien tenía la capacidad técnica y financiera para hacerlo y el país capturaba valor de sus recursos.
Pero el panorama empezó a romperse en 2005, durante el gobierno de Alfredo Palacio. En un giro abrupto, se modificaron las condiciones contractuales y se elevó la participación estatal de forma unilateral. El mensaje fue claro: las reglas podían cambiar en cualquier momento. Y eso ahuyentó a las compañías petroleras del país, que se fueron y no volvieron. La salida de estas compañías no fue un accidente, sino una consecuencia de decisiones que privilegiaron la coyuntura política sobre la estabilidad jurídica.
Después, con la llegada de Rafael Correa, el cambio fue más profundo. El país migró de contratos de participación a contratos de prestación de servicios. Bajo este esquema, la empresa estatal pasó a tener el control total de los campos, mientras que las compañías privadas quedaron relegadas a simples proveedoras, recibiendo una tarifa fija por barril producido. Cuando la ganancia no depende del éxito del proyecto, desaparece el incentivo para invertir, innovar o asumir riesgos. La exploración se estancó, la producción perdió dinamismo y el país dejó de ser competitivo frente a otros destinos de inversión.
Hoy, las consecuencias están a la vista. La industria petrolera ecuatoriana enfrenta declive en producción, limitaciones tecnológicas y una urgente necesidad de capital. Pretender que el Estado, por sí solo, pueda revertir esta situación es desconocer la magnitud del desafío. La solución pasa por recuperar esquemas que funcionen, no por insistir en modelos que han demostrado sus límites.
Regresar a contratos de participación no es una concesión ideológica, sino una pragmática. Este tipo de contratos permite compartir riesgos y beneficios, atraer inversión extranjera y reactivar la exploración. Más aún, mecanismos como la concesión y la delegación pueden convertirse en herramientas clave para dinamizar el sector. Cuando se establecen reglas claras, estables y competitivas, el capital llega. Y con él, la tecnología, empleo y producción. Ecuador no necesita reinventar la rueda, sino recuperar la confianza. La historia reciente demuestra que los cambios abruptos y decisiones unilaterales tienen costos altos y duraderos. Volver a un esquema que incentive la inversión no es retroceder sino corregir el rumbo.
La reflexión es inevitable. Han pasado dos décadas desde que el país decidió apartarse de un modelo que, con ajustes, pudo haberse perfeccionado. Ahora vive la paradoja de estar parado sobre millones de dólares en posible explotación petrolera, con una población que los necesita, pero que se mantienen sin ser explotados. (O)
