La situación de violencia e incertidumbre que hemos vivido las últimas semanas ha obligado al Gobierno a tomar medidas en distintos frentes. Una de ellas, que tal vez está fuera del radar de los actores políticos, es la suspensión de clases y luego su retorno bajo la modalidad virtual.

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Al momento, siguiendo órdenes del Ministerio de Educación, son tres provincias y unos cuantos cantones los que mantienen este formato. Suponemos que se trata de aquellos con mayor cantidad de incidentes y peligrosidad. Entendemos, por supuesto, que es una medida que busca proteger a los niños y jóvenes de una latente amenaza y brindar a sus padres algo de relativa calma. Sin embargo, frente a una solución necesaria y de emergencia, se presenta una nueva inquietud que flota en el ambiente y que ya nos invadió como consecuencia de la pandemia en el año 2020: la estabilidad emocional de la población infantil y juvenil.

(...) deberían existir programas... que atiendan la seguridad física de los estudiantes y refuercen la seguridad emocional...

Y es que para muchos chicos cerrarles la escuela es conminarlos a estar encerrados en un ambiente de frustración, soledad y por qué no decirlo, de violencia. Ello como consecuencia de una realidad desfavorable dentro de sus propios hogares, en los que se juntan la escasez, las dificultades familiares y el miedo. Mención aparte para aquellos menores que se encuentran inmersos en el consumo de alcohol, redes de consumo y distribución drogas o forman parte de pandillas.

Como resultado de la pandemia, los profesionales de la salud mental han denunciado alarmantes números de chicos que muestran signos de estrés, ansiedad y depresión. Las instituciones y organizaciones que velan por los derechos de los menores también han sido enfáticas en repetir que las clases deben ser lo último que se suspenda.

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Y es que en este tema, así como en otros, estamos frente a un problema que tiene muchas aristas. Por ende, su solución no depende únicamente del ministerio que regula las clases o de que la Policía controle la puerta de los colegios, ni del Gobierno que destine más fondos para la educación formal. Se trata de un tema que debe ser atacado como un todo, incluido dentro de la crítica realidad del país.

Por un lado se entiende que la suspensión de clases responde a una situación de emergencia, que dadas las fechas en la Costa, donde se concentran la mayoría de cantones aludidos, pudiéramos decir que no incide en gran medida, ya que el año lectivo está por finalizar. Obviamente se está privilegiando el bien mayor. Lo grave sería que una vez pasado “el susto”, el retorno a clases se mantenga bajo las mismas condiciones de zozobra anteriores.

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Por ello, deberían existir programas de mediano y largo plazo que atiendan la seguridad física de los estudiantes y, a la vez, refuercen la seguridad emocional que, en un momento tan complicado como el que vivimos, seguramente saldrá comprometida también.

Obviamente, ello requiere del trabajo coordinado del Estado, organizaciones, escuelas, colegios y padres de familia, todos ellos trabajando en beneficio de quienes algún día serán los ciudadanos a cargo de este país.

Visto así, todo esfuerzo vale la pena. (O)