En el artículo ‘Escila y Caribdis’, mi amigo Óscar del Brutto afirmó que el Gobierno optó por el mal menor respecto de la política fiscal: subir impuestos o quedarse sin recursos para los servicios públicos básicos. Este análisis peca de ser binario, ignorando otras alternativas que tiene hasta hoy el Gobierno, aun sin el apoyo de la Asamblea.

No solo conviene reducir el número de empleados públicos, sino también el nivel de sueldos.

Políticamente es más fácil aumentar los impuestos a los mismos contribuyentes identificados, aquella minoría del reducido sector formal que siempre paga impuestos. Esos pocos da la casualidad que suelen ser los mismos que casi no dependen o recurren a servicios públicos de seguridad, salud, educación, seguridad social y/o subsidios. La gran mayoría de ecuatorianos, en cambio, que viven en el sector informal de la economía y no pagan impuesto sobre la renta, sí dependen de los colegios y hospitales estatales, las pensiones y servicios del IESS, subsidios, entre otras prestaciones del Estado. Siendo las cosas así, no sorprende que el gasto público siempre sea oneroso.

Ilustremos este problema en cifras: solo 8 de cada 100 empresas cumple con las retenciones, declaraciones y anticipos del impuesto sobre la renta; menos de la mitad de los ecuatorianos con un empleo formal pagan el impuesto sobre la renta (40 %) y estos ya son una minoría de la Población Económicamente Activa (PEA). De los 1′137.000 contribuyentes que pagan IR, 100.000 aportan más de la mitad de lo recaudado por este impuesto. Esto probablemente empeorará después del zarpazo tributario implementado a principios de este año, ante el cual muchos trabajadores optaron por trasladarse a la informalidad total o parcialmente, o del régimen del RUC al del Rimpe, para evadir o eludir impuestos más altos.

Considerando este problema, el presidente puede reducir a su expresión mínima los impuestos que más distorsionan la actividad económica. También tiene el poder gigantesco de modificar los reglamentos que obstaculizan y encarecen las actividades económicas, sin pasar por la Asamblea.

Por el lado del gasto vemos una tendencia al alza en el gasto público durante el primer año del gobierno. Si comparamos el gasto entre enero y mayo de 2021 con el mismo periodo de 2022 vemos un incremento total de 17 %. Esto no se explica únicamente por el aumento en el servicio de la deuda sino que también lo vemos en importantes incrementos en el gasto corriente.

Entre 2001 y 2006 Ecuador destinaba en promedio 6,7 % del PIB al año para pagar sueldos en el sector público. Esta cifra aumentó en un 50 % hasta llegar a un promedio de 9,2 % entre 2007-2018. Esta cantidad debe reducirse y no tiene por qué afectar los servicios públicos si la reducción se la hace identificando adecuadamente dónde está la grasa. No solo conviene reducir el número de empleados públicos, sino también el nivel de sueldos. Ecuador se destaca por pagar a sus empleados públicos con una prima que supera, en promedio, en un 50 % a los de ocupaciones similares en el sector privado. El promedio mundial de esta prima es de tan solo 19 % mientras que en Latinoamérica y el Caribe es de 36 %. Si nos cerramos a dos alternativas únicas estamos creando un falso dilema que libera de responsabilidades a la administración actual. Por lo menos tengamos un debate sobre las otras alternativas existentes. (O)