En medio de impotencia e inseguridad ciudadana, es penoso y lamentable evidenciar las vulnerabilidades de los datos personales, puestos en riesgo y expuestos a la delincuencia organizada, que ha penetrado en instituciones públicas. Uno de los últimos casos ha sido en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), en donde se presume hasta la disputa entre bandas delincuenciales, de acuerdo con las primeras informaciones de las investigaciones.
De qué sirve la garantía constitucional (artículo 66, numeral 19, hasta mal redactado) que consagra “el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección”.
En base a ello, se aprobó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, promulgada en el 2021, que también garantiza el derecho fundamental de las personas a controlar su información personal (nombres, correos, salud, finanzas, entre otros), que obliga a las entidades públicas y privadas a tratar estos datos con consentimiento y medidas de seguridad, y es la Superintendencia de Protección de Datos Personales la autoridad de control, con sanciones significativas por incumplimiento.
Por denuncia oficial, a cargo de un Ministro de Estado, se han detectado presuntas graves irregularidades en la ANT, que hoy están en investigación penal en la Fiscalía de manera reservada, que evidencian riesgos evidentes debido a los datos personales que se entregan al acceder a licencias de conducir, matrículas y trámites de vehículos particulares.
Según análisis del director para América Latina del Security College US, las recientes denuncias de corrupción, sumadas a una serie de hechos irregulares que se repiten desde hace años, plantean un riesgo evidente: que una institución esencial del Estado haya sido permeada por redes de corrupción y crimen organizado que pone en serio cuestionamiento la seguridad y la protección de los datos personales de millones de ciudadanos.
La ANT maneja información sensible que, en manos equivocadas, tiene un enorme valor criminal. Nombres completos, números de cédulas, direcciones domiciliarias, teléfonos, datos de los vehículos, historial de infracciones, licencias, puntos y movilidad, que no son simples registros administrativos. Son piezas que integradas permiten identificar, ubicar y perfilar a una persona con precisión y en términos prácticos, constituyen una buena base de inteligencia civil.
Más grave aún resulta entender que información reservada y tan delicada no siempre se usa de manera inmediata para delinquir. En algunos casos se comercializa y se vende la información y bases de datos muy delicados. El análisis considera que una base de datos oficiales filtrada puede circular durante años entre redes de estafadores, extorsionadores y estructuras criminales, con lo cual se mantiene latente el uso de información sensible y resulta luego muy difícil de reparar a las víctimas.
En medio de estas vulnerabilidades, queda el desafío ciudadano de exigir hoy al Estado un mayor y riguroso control a quienes tienen en sus manos esta delicada información, más aún cuando el país está asediado y penetrado por bandas criminales. (O)
