El presidente Guillermo Lasso derogó el pasado 1 de abril un decreto de Rafael Correa (28/abril/2011), que prohibió el porte de armas a civiles. La medida de Correa era ilegal. Estaba vigente la Ley de 1980 que permitía y permite la tenencia y uso civil de armas, con autorización del Estado Mayor del Comando Conjunto.

Lasso eliminó dicha prohibición y dispuso que los ministerios de Defensa y del Interior, con la Secretaría Nacional de Seguridad Pública, actualicen la normativa y el Sistema Informático de Control de Armas, en máximo 6 meses. Finanzas deberá proveer dineros a Fuerzas Armadas y Policía Nacional para sistemas y equipamiento tecnológicos para control de armas y explosivos, rastreo, marcaje, registro biométrico, balístico, registros de trazabilidad de armas y un “registro único de personas con prohibición …porte y tenencia de armas (que) sirva de mecanismo de verificación en el control de armas a nivel nacional”.

Acorde a la ley solo podrá autorizarse a personas aptas para el uso adiestrado, sin antecedentes penales, sin afectación psicológica permanente y que acrediten estabilidad emocional para utilizar armas.

Sin duda, ante el embate de la delincuencia común, esta medida es insuficiente para la defensa del ciudadano, pero supone un gran mensaje disuasivo para los delincuentes, que temen a las armas en poder de eventuales víctimas o terceros que podrían defenderlas.

El obtener permisos de uso de armas para defensa personal implica la obtención del certificado AFIS –Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares–, que consiste en recopilar datos del solicitante (elementos de identificación multimodales, huella dactilar, huella palmar, iris y reconocimiento facial). Incluye altura, fotografía, caligrafía. Información que queda registrada y relacionada con la del arma autorizada. El AFIS de cada persona pasa a una base internacional de datos, para ser cotejado de por vida en escenas de crímenes y hechos delictivos. Eso asegura que quien haga mal uso de un arma autorizada sea identificado solo con obtener el casquillo disparado.

Este procedimiento alejará la posibilidad de que delincuentes soliciten permisos para armas. En cambio, los ciudadanos honestos estarán dispuestos a cumplir los requisitos.

El temor a la falsificación o “compra” de permisos es algo superado. Hoy los permisos podrán escanearse con un celular o lector digital para comprobar su autenticidad y vigencia. Actualmente es muy difícil falsificar documentos oficiales. El permiso de un arma requiere de varios documentos con seguridades de números seriales, pues no depende de un solo departamento o funcionario, y hay muchos controles policiales, civiles y militares.

De acuerdo con que hay riesgos en la tenencia y porte de un arma de fuego, pero contaremos con las ventajas de la otra cara de la medalla. La disuasión al potencial criminal es una de ellas. La sensación de seguridad del ciudadano armado, es otra. Hoy no existe tal disuasión e incluso hay asaltantes que amenazan con armas de juguete. Ese es el nivel de confianza de los delincuentes, fomentado por quienes hace 12 años desarmaron a la población civil honesta. (O)