El presidente Guillermo Lasso ha expedido un decreto en el que se autoriza el porte de armas a la población civil que lo solicite y cumpla con las condiciones requeridas por ese mismo decreto. Esto ha provocado inquietudes y muchas opiniones sobre su conveniencia y si eso podría facilitar a los delincuentes el adquirir legalmente armas. Es preciso, entonces, informarle a la ciudadanía que esto estuvo autorizado en el pasado y no fue causa de alteración de la paz social, ni aumento de la delincuencia. Fue el presidente Rafael Correa quien prohibió que continuase esta práctica contemplada en las leyes.
Antes de la prohibición, la persona que solicitaba ejercer este derecho reglado acudía al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, presentaba su arma, justificaba el ser propietaria de ella, se sometía a las pruebas requeridas, que incluían el conocimiento de las armas civiles de menor calibre, y un examen psicológico a cargo de un profesional de la psicología. El arma quedaba registrada.
Estas pruebas, los requisitos exigidos y el registro del arma excluían el interés de los delincuentes; ellos tienen a su disposición el mercado ilícito y pueden adquirir armas largas, automáticas, como subametralladoras y ametralladoras, sin ningún registro con el que se los pueda detectar.
No hay, pues, motivo de alarma con el decreto que restituye el derecho fundamental de las personas de defender su vida, la suya y de terceros. Es también un derecho de libertad, de salir, de movilizarse, de concurrir al trabajo; puede ser también un medio de disuasión. En el campo es esencial poder defender las propiedades, el ganado contra el cuatrerismo, la pesca contra los asaltantes; en las ciudades, proteger las casas. Es imposible para la Policía dar protección a tantas personas y propiedades en tan distintos y separados lugares.
En cuanto a los guardias privados, hay que ser muy rigurosos para concederles los permisos de porte de arma; debe haber entrenamiento impartido junto con las compañías de seguridad. En Colombia, las tristemente célebres fuerzas paramilitares se formaron con los guardias privados que protegían las grandes haciendas cafetaleras.
Con un mundo tan cambiante, con tantas innovaciones tecnológicas, las prácticas de seguridad pueden cambiar mucho, pero las doctrinas de seguridad permanecen inmutables; hay personas que han dedicado sus vidas, o gran parte de ellas, a profundizar y sistematizar esas doctrinas. Las autoridades deberían recurrir al consejo de ellas.
Encuentro que el decreto de autorización de porte de armas es saludable, pero un tanto difuso, con lo que perderá parte de su efectividad; debe confiarse su aplicación a un solo responsable: el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, como antes funcionó, y funcionó bien, muy bien. Los directorios, con delegados de muchas partes e instituciones, solo enredan las cosas, entorpecen la toma de decisiones. Si ha de haber participación del Ministerio de Salud, por el campo psicológico, que envíe un profesional a integrarse al personal del Comando Conjunto. Que todo esté centralizado. (O)
