El paro indígena con su carga de barbarie ha sido el pistoletazo de inicio de la campaña electoral. El discurso de la Conaie enfocado a rechazar la eliminación del subsidio al diésel, se viene reinventando para priorizar el no en todas las preguntas promovidas por el Ejecutivo, principalmente la de convocar a una asamblea constituyente.
Ahora el indigenismo hace causa común con sus aliados de la RC5 para defender como suya la Constitución de Montecristi y en particular su garantismo radical, aunque en materia de protesta social prescriba que su condición debe ser pacífica y sin uso de armas; no importa, una interpretación sesgada legitima la violencia al atropellar sin respeto otra garantía fundamental: la libertad de movilización y de trabajo. Como agravante, el régimen de justicia que instaura es excesivamente recursivo y discrecional, favoreciendo la impunidad en múltiples de delitos como los relacionados con la actual paralización –de bloqueo de carreteras, cierre forzoso de comercios y el asalto a fincas florícolas– por no citar otros, tan graves, como el narcotráfico y la corrupción.
Sobre el sistema institucional, organismos como el Consejo Nacional de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social han sido un monumento a la politiquería y el cohecho. Hay que subrayar su nefasto legado como copia de su semejante bolivariana de Venezuela que ha instaurado una repudiable dictadura. Y, en el montón de vicios, está aquel del desarrollo de los sectores estratégicos como monopolio estatal y que solo por excepcionalidad permite la inversión privada, una figura obsoleta en el mundo global.
En consecuencia, la carta política de 2008 tiene que dar paso a una nueva que responda mejor a las realidades y desafíos contemporáneos que vive el Ecuador; esto incluye lo relacionado con la guerra interna contra el crimen organizado y el narcotráfico, a la vez que poner freno a los paros indígenas que pretenden imponer a la fuerza políticas retardatarias como proclamar el no al extractivismo, en tanto demandan la restauración del subsidio al diésel. Las tentativas de reforma constitucional no han sido tan útiles y ahora sola queda procurar su abolición.
Tal vez hubiera sido preferible evitar la constituyente por la complicación que supone para la gobernabilidad tres procesos electorales al hilo: la consulta, la elección de asambleístas y luego el referéndum ratificatorio. Pero desde el momento en que la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional y sus leyes urgentes empezaron a ser derogadas por la Corte Constitucional, por su apego a la literalidad del garantismo de Montecristi, al Gobierno no le quedó otro recurso.
Al tiempo, va a servir para que el pueblo ecuatoriano se pronuncie sobre el pulso político entre el régimen, vuelto a elegir hace pocos meses, y sus opositores de la Conaie y RC5 que han promovido el repudiado paro que mantiene de rehén a la provincia de Imbabura y otras localidades de Pichincha, Chimborazo y Bolívar. Felizmente sin ningún eco en la Amazonía como en el resto del país.
El marco referencial de la consulta popular se reduce al sí por el cambio o al no para mantener el actual estado de cosas. (O)
