En lugar de ser la política el mecanismo de servir al país y de solucionar los problemas de los ciudadanos más aún en emergencia por el impacto de un terremoto, se persevera en el arte de engañar y de servirse del país para beneficio de la organización política, del grupo de dirigentes o para la autoridad temporal que ejerce el cargo o finalmente para la familia.
Los hechos comprobados con las pruebas testimoniales y documentales, la actuación de peritos y testigos, no los discursos ni las simples afirmaciones en las redes sociales o durante entrevistas, se evidencian en otro caso que fuera llevado a la justicia y que terminara la semana pasada en el primer nivel del juzgamiento por las irregularidades en la reconstrucción de Manabí, luego de los daños y destrozos que causó el terremoto de Manabí y una parte de Esmeraldas el 16 de abril del 2016.
Tuvo que pasar más de nueve años para que llegue el fallo unánime, a manos de un tribunal penal respetable de la Corte Nacional de Justicia que, basado en los elementos de convicción y las pruebas presentadas por la Fiscalía, dictó sentencia condenatoria por peculado y el uso y abuso de los fondos públicos, canalizados con el aporte extraordinario y solidario de los ecuatorianos tras el terremoto.
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A los dos altos funcionarios del gobierno de la Revolución Ciudadana les declararon culpables de peculado y les sentenciaron a 13 años de cárcel, en virtud de la potestad estatal que tenían ambos, como presidente y secretario técnico del Comité de Reconstrucción, al haber abusado y dispuesto de dineros públicos (más de $ 200 millones), parte de lo recaudado por la Ley de Solidaridad para atención a víctimas del terremoto, en beneficio de terceros, es decir de sus familiares.
Ese abuso del que se habló en el dictamen oral del Tribunal de Juzgamiento se habría dado cuando los hoy exfuncionarios públicos priorizaron obras que no estaban destinadas para atender las necesidades de las víctimas. Consideró que dentro de estas actividades de reconstrucción y construcción no debieron haberse destinado valores a “obras sin previsión de riesgos o alineadas a un eje de emergencia”.
El fallo fue claro al señalar que si bien los dos altos funcionarios no administraban el dinero o no determinaban el desembolso de las cuentas, se llegó a la conclusión que ellos sí administraban cuáles eran las obras que debían ser ejecutadas, puesto que priorizaban las que iban a ser atendidas e incluso requerían el destino de los fondos, produciendo en consecuencia un abuso de dineros públicos.
Tuvieron la oportunidad de presentar todas las pruebas de descargo, en el debido proceso y con derecho a la defensa, pero respondieron que no manejaron ningún recurso ni se llevaron dinero, pero el segundo sentenciado no desvirtuó que hubo obras y contratos de los que se beneficiaron familiares directos, cuyos nombres y apellidos constan en el proceso, como mencionara la jueza ponente.
¿Quién es Carlos Bernal, exfuncionario del correísmo sentenciado por peculado a 13 años de cárcel?
Abusaron y traicionaron la confianza de los ciudadanos en la administración pública, que ante una tragedia, por solidaridad y amor a la patria, aportaron con parte de sus sueldos, con sus compras, a la recaudación de fondos en beneficio de las víctimas de la catástrofe del 2016, como argumenta el tribunal penal. El juego de los corruptos que hoy pagan sus consecuencias porque el poder no es eterno. (O)
