El martes, comuneros de Cotacachi reabrieron la vía que conecta Imantag con Atuntaqui en la provincia de Imbabura, después de casi un mes de protestas que paralizaron el norte del país. Seguramente, los ataques militares a los mineros ilegales de La Merced de Buenos Aires afectaron el financiamiento de las protestas, lo cual les dio la oportunidad de replegarse. Además, los anuncios de más compensaciones económicas por parte del Gobierno central para las poblaciones afectadas por el paro pudieron ablandar a los habitantes. Finalmente, el argumento de su oposición al subsidio al diésel quedó diluido con los días que el poder ejecutivo dejó pasar hasta que se aceptara que no había una posibilidad de negociación en esa materia.
Quienes aducían que el presidente debía dialogar se hicieron de la vista gorda ante una realidad innegable: hay una influencia económica y social de dudosa procedencia en las facciones más violentas. Haber creído que podían arrinconar al estado financiando las protestas al menos logró poner en la mira a los mineros ilegales que operan desde hace años sin ningún control ambiental, social y fiscal.
En esta lucha, pierden las comunidades de Imbabura que no tuvieron la opción de negarse a participar en este simulacro en contra del Gobierno, pero tampoco tienen el poder de exigir una intervención planificada y sostenida en favor de su población. A la final, tanto la minería ilegal como la industria florícola y la falta de inversión en educación, salud, servicios públicos y sociales influyen en que Cotacachi tenga una alta tasa de desnutrición crónica infantil, una escasa productividad fuera de la extracción de recursos naturales, y una vida cultural prometedora, pero estancada.
El fin de semana en el teatro Prometeo en Quito, los citadinos reunidos allí con el objetivo de apoyar la protesta fueron informados que estalló una bomba en San Miguel del Común, algo que jamás ocurrió, y que las vacunas causan autismo, una correlación que está completamente descartada científicamente. ¿Cómo podrían ayudar estos llamados luchadores sociales a un cantón como Cotacachi si no tienen la cabeza bien asentada sobre los hombros?
Nadie cuestiona, por ejemplo, la inequidad de género y la violencia contra la familia que se ejerce en las comunidades indígenas. Nadie utiliza datos científicos para combatir los efectos nocivos en el crecimiento y el desarrollo cognitivo de los pesticidas utilizados en la agricultura y la floricultura. Unicef Ecuador, por ejemplo, continúa invirtiendo en Cotacachi bajo el marco de la lucha contra la desnutrición crónica infantil, una causa legítima. Sin embargo, en última instancia su enfoque se centra en indicadores biomédicos y prácticas individuales, lo cual ha servido más bien para blanquear las acciones del gobierno de turno.
La narrativa oficial se ha fortalecido con esta protesta social que no tenía claro qué buscaba ni a dónde quería llegar. Si querían diálogo, habría valido hablar de las condiciones de fondo que se deben cambiar. Cotacachi queda arrinconada, no porque está en resistencia, sino por la negligencia de todos, estado y movimientos sociales. (O)
