Si se aprueba la reducción del número de asambleístas que propondrá el presidente en la consulta, será un parche más al ampulosamente denominado Código de la Democracia. A lo largo del período democrático se ha hecho en promedio una reforma por año. Cada una de estas ha cambiado alguno de los elementos básicos del sistema electoral o de las pautas que rigen a los partidos. Ninguna se hizo considerándolo como un sistema. Nada bueno puede abrigar una colcha reiteradamente remendada.
Pensemos en lo que ocurriría en el fútbol si para cada nuevo campeonato se cambiara alguna de las leyes que rigen en la cancha. Simplemente, no habría director técnico ni jugadores que pudiera dar pie con bola. Precisamente eso es lo que se ha hecho no solamente con los partidos políticos, sino también con nosotros, los votantes, a quienes nos cambian las preguntas cuando creemos que ya sabemos las respuestas.
¿Hay condiciones para la inversión?
El Gobierno sostiene que la reducción de asambleístas significará un importante ahorro de recursos, lo que cala perfectamente en una ciudadanía que aborrece a los políticos. Pero la ciudadanía cae ingenuamente en el engaño, ya que el ahorro significaría algo menos del 0,001 % del presupuesto del Estado.
En lo posible, el órgano legislativo debería tener el tamaño adecuado para representar proporcionalmente a la población. Estudios matemáticos señalan que la representación apropiada se logra con un número de legisladores equivalente a la raíz cúbica de la población. En nuestro caso, ese número sería de alrededor de 262 asambleístas. Es decir, habría que ir en la dirección contraria a la que se propone.
Si se aprueba la reducción se producirían tres distorsiones. Primera: en 15 provincias se elegiría un asambleísta en cada una, de manera que un solo movimiento o partido monopolizaría la representación. En consecuencia, no se expresaría la diversidad política de cada provincia. Segunda: se agudizaría la inequidad en la representación de las provincias en la Asamblea. En un país que considera a los asambleístas como representantes territoriales, esa medida reduciría el peso parlamentario de las menos pobladas. Tercera: la Asamblea perdería su carácter nacional, ya que seguramente los votantes optarían por apoyar a movimientos provinciales para asegurar la representación territorial que les correspondería. Sería el adiós definitivo para los partidos nacionales.
Si en realidad se quiere hacer un cambio sin esos y otros efectos negativos, se debería reformar íntegramente el Código de la Democracia. Añadirle parches es empeorarlo. Pero, si tozudamente se quiere seguir por esa vía, habría que tratar de mitigar en lo posible los efectos negativos. Una opción sería facultar única y exclusivamente a los partidos nacionales para la elección de asambleístas. Con ello se alentaría en alguna medida la formación de partidos de alcance nacional, que estén obligados a contar con militancia activa, con estructura orgánica estable y democracia interna. Al tener la representación un carácter nacional se equilibraría en alguna medida la proporcionalidad y se afectaría menos a las provincias pequeñas.
Política y estrategia regional
Como corresponde a la costumbre, nada de eso se hará. Seguiremos pegando retazos en la colcha y ahora será la ciudadanía la encargada de parcharla donde no se debe. (O)
