En medio de los conflictos armados en Medio Oriente y también en el Ecuador, los desafíos para la consecución de la tan ansiada paz, la aspiración de los pueblos que claman por soluciones a sus acuciantes problemas sociales y económicos, resultan complejos y no son fáciles de resolverlos, más allá de los esfuerzos que se hacen.

En el caso ecuatoriano, la debilidad institucional (casi no funcionan las instituciones), la demagogia de la clase política y la indiferencia de las élites, ha llevado a un deterioro que se ha profundizado al menos durante los últimos 18 años.

Se ha demostrado en la práctica la ineficacia para solucionar los problemas estructurales y por ello la poca credibilidad en las instituciones y la inclinación de la gente por soluciones autoritarias, que van más allá del marco democrático.

Hoy están en debate cuatro proyectos de ley aprobados en la Asamblea Nacional, que paulatinamente han ido entrando en vigencia, en medio de la inseguridad y el conflicto armado interno: la Ley Orgánica de Inteligencia, la Ley de Integridad Pública, durante la última semana; la Ley de Solidaridad Nacional y las reformas parciales y totalmente insuficientes a la Ley Electoral Código de la Democracia.

Allí se incluyeron reformas a más de veintena de leyes, varias de las cuales ya han merecido reparos en temas de forma y de fondo, incluso con observaciones de inconstitucionalidades, que de ser así deberán ser analizadas y resueltas en la Corte Constitucional.

Si se parte como premisa de un principio irrenunciable de una sociedad democrática del respeto irrestricto al ordenamiento jurídico, a la Constitución vigente (tan cuestionada por las novelerías y barbaridades aprobadas en el 2008) y a las leyes de la República, pero resulta ser que este sistema es ineficiente, no enfrenta ni soluciona los problemas de fondo y ha sido permisivo con la galopante y permanente corrupción, que corroe las estructuras del Estado.

Ya no se confía en la administración de justicia por la mala actuación de jueces, fiscales y funcionarios judiciales. No son todos pero han sido bastantes y reincidentes, que han favorecido a los grupos delincuenciales, al narcotráfico y a las organizaciones vinculadas a la narco política, que luchan desde dentro de las instituciones del Estado para lograr impunidad.

Jueces que han abusado de las garantías constitucionales para otorgar la libertad a través de acciones de protección, habeas corpus u otras demandas y que se han aprobado a favor de delincuentes, a vista y paciencia del país.

En medio de las acciones permanentes de las estructuras criminales, jueces venales les han beneficiado con sus fallos y aunque unos han sido procesados, sentenciados y han ido a la cárcel, otros se han burlado con sus dictámenes y están impunes.

¿Qué queda? Para ser eficaces en las acciones, hacer allanamientos y aprehensiones sin orden de juez competente porque fracasan en la práctica por la ayuda a los grupos delincuenciales organizados, como ya se permite con las reformas aprobadas y puestas en vigencia, aún cuando merezcan cuestionamientos legales y constitucionales?

Cuándo hay una total depuración de la justicia, con la evaluación de jueces y fiscales, que no se ha hecho hace más de siete años, y de las instituciones del país que funcionan a medias con encargados y subrogantes, algunos por años? (O)